El ministro del Interior advierte que en el futuro el Gobierno deberá ser más cuidadoso con los perdones que otorgue
16 ene 2013 . Actualizado a las 21:30 h.El indulto concedido por el Gobierno a un conductor kamikaze, condenado a trece años de prisión por la muerte de un joven en Polinyà del Xúquer (Valencia) en 2003, ha provocado la indignación de la familia del fallecido, las fuertes críticas de diversas asociaciones de víctimas de accidentes y las acusaciones sobre presunto tráfico de influencias que han vertido PSOE e IU contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, porque un hijo del ministro trabaja en el bufete de abogados que defendió al condenado, Uría y Menéndez, con más de 550 letrados en nómina. El hijo de Gallardón estaba en Brasil cuando se produjo la tramitación del indulto.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también se mostró incómodo y aunque afirmó que, como miembro del Ejecutivo, es solidario con todas las decisiones que se toman en Consejo de Ministros, reconoció que la política del Ejecutivo es no conceder indultos a condenados por delitos de violencia de género o contra la seguridad vial. «Se trata de un caso excepcional», acotó el ministro que sí saca una conclusión de este caso: «En el futuro habrá que estar más atentos a estas cuestiones».
Una afirmación que se puede interpretar como una llamada de atención a su colega Gallardón, que impulsó esta medida de gracia pese a la negativa del tribunal que lo juzgó y de la Fiscalía, aunque con el dictamen favorable de Prisiones.