La Fiscalía podría pedir hasta 26 años de cárcel para el yerno del rey

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Urdangarin encara nuevas semanas cruciales para su futuro procesal

14 ene 2013 . Actualizado a las 13:48 h.

El arco de las posibles penas será muy amplio, pero, incluso en el rango menor, implicaría el ingreso en prisión si hay condena, salvo sorpresa mayúscula o apaño extrajudicial in extremis. La Fiscalía, un año y medio después de comenzar a investigar a Iñaki Urdangarin y a expensas de recibir los últimos informes y declaraciones, cree ya tener pruebas para sentar en el banquillo al yerno del rey y a Diego Torres acusados por delitos que estarían penados con entre 7 y 26 años de cárcel. Anticorrupción, que se inclina por solicitar una condena de entre 8 y 10 años de prisión, se prepara para semanas de actividad febril en el caso Nóos. Los fiscales solo esperan a recibir el informe de la Agencia Tributaria de Cataluña y el resultado de las últimas comisiones rogatorias para ampliar el abanico de imputaciones a los dos exdirectivos de la fundación sin ánimo de lucro. A los ya oficiales de malversación (por haber desviado a su bolsillo los seis millones de euros que recibieron de los Gobiernos de Baleares y Valencia para organizar eventos), fraude a la Administración, falsedad documental y prevaricación, el ministerio público va a sumar los de fraude fiscal y blanqueo de capitales y, quizás, el de tráfico de influencias. No ve posible llevarlo al banquillo por la contratación de trabajadores ficticios.

Las cuentas de Aizoon

La puntilla para el fraude a Hacienda llega de los inspectores que comunicaron extraoficialmente al fiscal que en el 2007 ven indicios de defraudación superior a los 120.000 euros (si no, no sería delito, sino falta). Las irregularidades fueron detectadas en las cuentas de Aizoon (sociedad de Urdangarin y la infanta Cristina) y otras empresas del entramado que por entonces comenzaron a nutrirse de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), el sucedáneo del Instituto Nóos.

Sobre el lavado de dinero en el extranjero solo faltan flecos, porque las pruebas ya están en la Fiscalía: Urdangarin cobró al menos 140.000 euros en cuentas suizas de los 375.000 que le pagó por dudosos servicios de asesoramiento en el 2008 y el 2009 la compañía Aguas de Valencia. La cantidad, 140.000, no es baladí: son 20.000 euros más que el mínimo para hablar de delito. Y Anticorrupción tiene un as en la manga para afianzar esas acusaciones: la declaración el próximo sábado del empresario Joaquín Boixareu, el creador de FDCIS. Boixareu está imputado, pero Anticorrupción ya contactó con él para suavizar la acusación si revela cómo Urdangarin y Torres usaron la fundación para niños discapacitados para evadir dos millones de euros a través de una firma británica sin empleados ni actividad.

Boixareu no será el único que desfile el sábado por los juzgados de Palma. Está citada como testigo Dulce Linares, jefa de gabinete de Jaume Matas cuando el Gobierno balear firmó en el 2005 y el 2006 los dos convenios para la celebración del Illes Baleares Forum y pieza clave para que la Fiscalía decida o no acusar a Urdangarin del séptimo delito: tráfico de influencias.

Linares se ha convertido en una suerte de garganta profunda de Anticorrupción y la UDEF en el tema de los pelotazos en las islas. La exsubordinada de Matas ya aseguró que fue el duque quien «impuso» al Ejecutivo balear el precio del primer fórum y que la segunda convención se pagó sin rechistar por decisión de Matas porque el yerno del rey seguía vinculado al instituto, a pesar de que nominalmente lo había abandonado por orden de la Zarzuela.

El testimonio de Linares, que el fiscal quiere que se incorpore a la causa de viva voz, sirve para reconstruir la forma en que Urdangarin usó su posición como miembro de la familia real y su amistad con Pepote Ballester, entonces director general de Deportes, para llegar en el 2005 hasta Matas. De ratificarse, Anticorrupción cree contar con indicios de que el marido de la infanta incurrió en un ilícito del 429 del Código Penal, que fija hasta dos años de cárcel al «que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de toda situación derivada de su relación con este o con otro funcionario o autoridad para lograr una resolución que le genere directa o indirectamente un beneficio económico».

El sobrino contratador

Ese día declarará el sobrino del duque, Jan Gui Urdangarin, que, según varios testigos, fue la persona que por orden del exdeportista y su socio se dedicó a captar y contratar falsos trabajadores para las empresas del entramado Nóos, a los que se pagaba por hacer absolutamente nada, pero que servían para hinchar los balances de las mercantiles.

La Fiscalía, más allá del sobrino, tiene ya pruebas de que Urdangarin también cometió un fraude reiterado a la Seguridad Social con esos contratos, pero la cifra posiblemente no llegue a los 120.000 euros que lo convierten en delito. El resto de las imputaciones están ya más que amarradas por Anticorrupción.