La maquinaria robada era destinada a la venta y la exportación ilegal a países africanos o de Oriente Medio
03 ene 2013 . Actualizado a las 14:52 h.La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a medio centenar de personas integrantes de la mayor trama internacional de robo y venta fraudulenta de maquinaria pesada, en varias operaciones que, de momento, han permitido recuperar 25 vehículos de este tipo valorados en 1,2 millones de euros. Según han informado ambos cuerpos, el destino de la maquinaria de obra pública y civil robada en diversas provincias españolas era, en la mayoría de los casos, su venta y exportación ilegal a países africanos o de Oriente Medio.
Más de un centenar de agentes han participado en las investigaciones, todavía abiertas y que han tenido como objetivo desarticular un entramado criminal que estaba formado por varias redes organizadas dedicadas al robo de la maquinaria. Todo comenzó en agosto del 2011 cuando la Guardia Civil detectó robos de maquinaria de obra pública, previamente alquilada en varios concesionarios del sector, perpetrados en diferentes localidades. Entre ellas, Albacete y Villarobledo en esa misma provincia; Jaén capital, Peligros (Granada), Molina de Segura (Murcia), Daimiel (Ciudad Real), Seseña (Toledo), Almazora (Castellón) y Ciempozuelos (Madrid). Como resultado de las pesquisas, los agentes concluyeron que no se trataba de hechos aislados, sino de un plan previamente diseñado, como demostraba el tipo de máquinas sustraídas, los lugares de descarga, los periodos de alquiler o el modo de alquilarlas.
En la primera operación, denominada Góndola, se comprobó que los implicados se hacían pasar por directivos de empresas solventes, cuyos datos recababan en Internet, para así alquilar las máquinas que, según decían, iban a usar en distintas obras. Una vez cerrado el acuerdo a través del teléfono o la red, pagaban una pequeña fianza, que ingresaban en la cuenta de la víctima y disponían de las máquinas, que trasladaban primero a polígonos industriales poco transitados y después a locales alejados para modificar sus características externas y de identificación. Las víctimas no recibían nunca el resto del dinero, no podían ponerse en contacto con quienes las alquilaban porque habían dado de baja los teléfonos facilitados y la única persona que los transportistas de las máquinas veían cuando hacían la entrega era un hombre que usaba el DNI de una persona ajena al caso. Para dificultar su identificación, los responsables de recoger y manipular las máquinas se alojaban siempre en hoteles de carretera que reservaba una mujer a su nombre. Una vez manipuladas, las máquinas eran exportadas por un precio inferior a su valor en el mercado al norte de África, donde hay un mercado emergente de esta herramienta y poco control. Además, para la exportación la trama utilizaban sociedades mercantiles legales pero controladas por miembros de la red.
Las primeras pesquisas dieron como resultado la detención de siete personas y la recuperación de ocho máquinas: dos plataformas elevadoras, dos torres de iluminación, dos manipuladores telescópicos, una excavadora y un martillo hidráulico. Incluso, se pudo suspender la exportación de otras dos máquinas pesadas desde el puerto de Valencia a Marruecos.
Esta primera operación supuso el inicio de otras en las que se constató la existencia de otros grupos delictivos dedicados a lo mismo y, en algunos aspectos, conectados entre sí. El pasado mes de mayo, en la operación Kayak, se detectó en Madrid uno de ellos y los agentes detuvieron a cinco personas y recuperaron dos máquinas.
Ya en octubre, las fuerzas de seguridad arrestaron en la operación «Icarus» a quince personas miembros de una red dedicada a los mismo en Murcia y Albacete, inmovilizaron 80 máquinas y recuperaron cinco que ya habían sido vendidas por Internet a terceros países. Se calcula que esta organización había comercializado unas 70 máquinas, por un valor medio de 40.000 euros cada una. Ese mismo mes, la operación Arreake llevada a cabo en Murcia se saldó con cuatro detenidos, cuyo objetivo era trasladar las máquinas a Holanda y, desde allí, a Oriente Medio.
Ya en diciembre, y una vez fuera de prisión los detenidos en la primera fase, la Guardia Civil y la Policía observaron una reactivación de estos delitos y pusieron en marcha la operación «Retorno», en la que fueron detenidas once personas y recuperadas siete máquinas de las once que la red se había apropiado. En total, el número de detenidos asciende a 47, la mayoría de ellos españolas, aunque hay también marroquíes, holandeses, rumanos, mauritanos y alemanes.