El presidente considera necesarias la reforma judicial y la educativa, aunque abre la puerta a la negociación
14 dic 2012 . Actualizado a las 23:09 h.El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha roto una lanza a favor de sus dos ministros más polémicos, Alberto Ruiz-Gallardón y José Ignacio Wert. El primero por su reforma judicial, que ha unido a todos los colectivos del sector en su contra, y el segundo con su reforma educativa, generadora de una mayor tensión con Cataluña, los titulares de la cartera de Justicia y de Educación, respectivamente, han caldeado los ánimos de amplios sectores de la sociedad en la última semana.
Dijo el presidente, con respecto al ministro de Justicia, que el unánime rechazo de todos los actores del mundo de la Justicia a buena parte de las reformas no supondrá una marcha atrás en los planes del Ejecutivo, saliendo así en apoyo de su ministro y asegurando que goza de su total confianza. «Ha hecho un esfuerzo para hablar, desde luego cuenta con el respaldo del Gobierno y de su presidente», manifestó desde Bruselas el jefe del Ejecutivo.
Comprende, eso sí, que «a la gente no le gusten estas y otras medidas», pero volvió a escudarse en la crítica situación económica por la que atraviesa el país para justificarlas. «El Gobierno no las adopta por gusto», reiteró. Y no dudó tampoco en definir la decisión de subir las tasas en la administración de la Justicia de «equilibrada y sensata». Esta es, precisamente, una de las propuestas que de forma unánime ha levantado en armas a todos los sectores de la Justicia. Aún así Rajoy intentó quitar relevancia a esta medida. Según las cuentas que expuso, los usuarios pagarán el 10% de lo que cuestan los procesos, mientras que el 90% restante correrá a cargo de los contribuyentes.
El presidente del Gobierno recurrió a modo de ejemplo a Alemania donde, dijo, los afectados pagan el 43%, proporción que en la media de los países de la Unión Europea se sitúa en el 29%, muy por encima de lo que plantea Ruiz-Gallardón. El presidente también argumentó que el 71% de los casos, como son por ejemplo los recursos a la jurisdicción penal y laboral, quedarán excluidos del pago, lo que a la postre garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la administración de Justicia.
No contempla la salida de Wert del Gabinete
Con respecto al ministro de Educación, José Ignacio Wert, envuelto en una fuerte disputa con Cataluña, con las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y con la comunidad educativa, en general, por su proyecto de reforma educativa, Rajoy aseguró que no contempla su salida del Gabinete. Y quiso desmontar el «tópico» de que cada Gobierno hace «su» sistema educativo. «En España, después de Franco, solo hubo uno, el del PSOE», acusó. Y los resultados del modelo anterior, con altas tasas de abandono escolar, abundantes fracasos, malas conclusiones del informe Pisa... no son, a su juicio, opinables, sino hechos.
Sin embargo, Rajoy mostró su cara más conciliadora al asegurar que el Gobierno está dispuesto a sentarse con todos en busca de un consenso educativo. «Estamos dispuestos a buscar fórmulas siempre que permitan a la gente ejercer sus derechos individuales», añadió el presidente, en referencia al tratamiento de las lenguas. Aseguró que la reforma «no va en absoluto contra una lengua», porque el Gobierno está orgulloso de todas ellas. Abogó por el diálogo, pero precisó que «dialogar no significa dejar todo como está».
Críticas desde los sectores afectados
La respuesta a la defensa por parte del presidente del Gobierno de sus dos ministros ha suscitado las primeras críticas por parte de los sectores afectados y de la oposición.
Con respecto al espaldarazo del presidente del Gobierno a su responsable de Justicia, los colectivos profesionales de la Justicia insisten en que Gallardón ha dejado de ser un interlocutor válido y solicitan la intervención directa del jefe del Ejecutivo. En esta línea, el pleno del Consejo General de la Abogacía mostró este viernes su preocupación por la situación que atraviesa la Justicia y exigió la aplicación de «medidas debidamente consensuadas que respondan a un plan global». El máximo órgano de los letrados denunció «la falta de receptividad del ministro, que impide cualquier diálogo constructivo».
La Asociación de Francisco de Vitoria, de tendencia moderada, ahondó en las críticas hacia Gallardón. Esta organización de jueces contestó en un comunicado a las declaraciones del ministro, en las que aseguró que las protestas de los jueces responden a «intereses corporativos», en referencia al, a su juicio, empeño en mantener los privilegios laborales que han gozado hasta ahora. La Francisco de Vitoria apuntó que las manifestaciones vertidas por Gallardón solo «inciden en su propio descrédito» y añadió que «trata de confundir a los ciudadanos con manifestaciones arteras y no acordes con la realidad».
Y las reacciones no fueron mejores con respecto a su defensa de José Ignacio Wert, ya que, aunque Rajoy intentó rebajar el tono de la polémica, los frentes educativos siguen abiertos.
Andalucía volvió a expresar este viernes su rechazo al anteproyecto de reforma educativa al entender que el segundo texto presentado por Wert mantiene la ruptura de los consensos constitucionales en aspectos como la enseñanza concertada o la asignatura de religión. Y advierte que esta postura supondrá una radicalización de los que creen en la escuela pública y privada, como el gobierno autonómico, según aseguró ayer la consejera regional Mar Moreno.
Durante la presentación del informe que la región llevará a la reunión sectorial de la próxima semana, Moreno lamentó que la postural «radical» del actual Ejecutivo central, con un «bandazo al programa de máximos de la derecha», contrasta con la moderación de los «gobiernos progresistas», de los que alabó que «por responsabilidad, no han querido romper los consensos constitucionales». «(El PP) Está dispuesto a dinamitarlos imponiendo sus valores y una falta de respeto a los que no piensan como ellos», criticó, para censurar que el Ejecutivo pretenda «construir una autopista de peaje para los que puedan y carreteras secundarias para los demás».
La oposición del gobierno autonómico al borrador de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) se articula en torno a dos pilares: la asignatura de Religión, con la desaparición de la materia Educación para la Ciudadanía, y la defensa de la escuela pública para mantener la igualdad de oportunidades.
Respecto al primer asunto, Moreno confió en que tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional -que considera que los contenidos de la asignatura no son «adoctrinadores»- el Ministerio cambie su posición, destacando que se trata de valores que deben ser cursados por todos los alumnos con independencia de su opción religiosa.
«El fallo les deja sin argumentos», señaló, instando al Ejecutivo a reponer «una asignatura referida a valores constitucionales, porque en la Constitución caben todas las ideas mientras que en la reforma del PP solo las suyas».
La otra punta de batalla radica en las «medidas privatizadoras», dado que Andalucía entiende que la reforma, «escrita al dictado de la privada por los enemigos de la escuela pública» da más peso a la red de centros concertados con la ampliación del periodo de concertación en Primaria y la eliminación de la obligación de garantizar plazas públicas suficientes.
En este sentido, el texto que Andalucía llevará a la reunión del miércoles incide también en la ruptura de la igualdad de oportunidades de la reforma, ya que promueve una «segregación excesivamente temprana» y concibe el sistema educativo como «una carrera de obstáculos que no ayudará a que el alumnado con más dificultades progrese dentro del sistema».
Por otra parte, los rectores de las doce universidades públicas y privadas de Cataluña acordaron este viernes establecer una prueba propia de selectividad, si se implanta la ley Wert, que contempla una reválida para la obtención del título de bachillerato.