El borrador del informe policial que aseguraba que Artur Mas y Jordi Pujol tienen cuentas en paraísos fiscales con dinero procedente del caso Palau no lo redactó ningún agente ni funcionario de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF). Eso es al menos lo que comunicó ayer el comisario jefe de la unidad, Manuel Vázquez, al juez que instruye el caso, Josep Maria Pijuan.
La versión del alto mando policial difiere de la fuente que citó el El Mundo cuando publicó esta información, que se convirtió en uno de los principales focos informativos en la recta final de campaña electoral. También contradice al sindicato policial SUP, que hizo público una copia de este informe. «El citado informe no ha sido elaborado por la UDEF ni por ninguno de los funcionarios que la integran», dijo Vázquez, según informó el Tribunal Superior de Cataluña. Y, por tanto, el comisario señaló que «el citado informe no puede ser validado».
Este borrador, por lo tanto, continúa envuelto en la polémica. De momento, sigue siendo un misterio quién es su autor -no está firmado-, su procedencia y, finalmente, quién lo filtró a los medios de comunicación.
Mas acusó al Ministerio del Interior de estar detrás del documento, pero una investigación interna abierta por el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz fue incapaz de hallar el borrador entre centenares de minutas, informes, manuscritos, anónimos y documentos de la Agencia Tributaria. La investigación sí que acreditó, en cambio, la existencia de cuatro informes, de 2011 y 2012, que ya fueron entregados al juez y que contenían algunas de las informaciones publicadas por El Mundo. El juez instructor solicitó ayer al comisario de la UDEF que le dé cuenta del resultado de la investigación interna abierta sobre el borrador.
Según publicó El Mundo, una investigación llevada a cabo por la UDEF concluyó que parte de las comisiones que las empresas pagaban a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) -el 4 % del importe total de cada adjudicación- a través de la trama del Palau ha acabado en depósitos bancarios suizos y de Liechtenstein controlados por Artur Mas y su difunto padre y por la familia Pujol. El documento enturbió la campaña y propició cuatro querellas contra el rotativo, una de Mas, otra de Pujol, otra de Felip Puig y una cuarta de la Consejería de Interior.