CC.OO. y UGT exigen al Gobierno que respete el acuerdo de pensiones alcanzado en el 2011
01 nov 2012 . Actualizado a las 21:39 h.La pretensión del Gobierno de retrasar la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada y parcial se ha topado con el rechazo frontal de los sindicatos. CCOO y UGT aseguraron este jueves que no quieren ni discutir el contenido de los informes que el Ejecutivo remitió el miércoles por la noche a la Comisión Parlamentaria de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo y a los interlocutores sociales, en los que propone cambiar la normativa que regula el adelanto en la situación de retiro y la compatibilidad entre trabajo y pensión. Ambas centrales exigen al Ejecutivo que se atenga al acuerdo sobre pensiones alcanzado en el 2011, que aún no ha entrado en vigor, porque ya aborda esas cuestiones.
La propuesta obedece al compromiso adquirido por el Gobierno de Mariano Rajoy con la Unión Europea de acercar la edad de jubilación legal a la efectiva, a cambio de un calendario de reducción del déficit menos estricto.
La última reforma de las pensiones, acordada en julio pasado con los sindicatos y cuya entrada en vigor está fijada para el 1 de enero del 2013, ya estableció la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada entre los 61 y los 63 años. La nueva propuesta del Ejecutivo no especifica umbrales para esta modalidad de retiro ni dice hasta qué edad considera que podría retrasarse la jubilación parcial. Pero sí sugiere que su intención es aumentar el período mínimo de cotización para poder aceceder a ambas, así como las penalizaciones a aplicar en caso de adelanto en el cese de la actividad.
El espíritu de esta iniciativa podría resumirse en que el Gobierno quiere reducir aún más la cuantía de las pensiones a percibir por las personas que se retiren antes de la edad legal, ya sea mediante jubilación anticipada o parcial. Edad legal que, además, a partir del año que viene ya no será la misma para todos: la última reforma de las pensiones acordada con los agentes sociales establece que el momento efectivo del retiro se irá retrasando progresivamente, desde los 65 hasta los 67 años, a partir del 1 de enero y hasta 2027.
El Ejecutivo estima que el retraso de la edad legal de jubilación debería llevar aparejada también una ampliación del plazo para acceder a la jubilación anticipada. Y lo justifica por razones de «sostenibilidad del sistema». En ese sentido, detalla en su informe que en 2011 se registraron 198.600 jubilaciones, de las que el 50,6% se formalizaron antes de tiempo. Aún así, llama la atención que la pensión media a percibir por estas personas ascencía a 1.344,42 euros al mes, por encima de los 1.234,5 euros de aquellos trabajadores que se retiraron al llegar a la edad legal.
Penalización
De ahí la pretensión gubernamental de revisar el número mínimo exigible de años cotizados para poder acceder a la jubilación anticipada y de aumentar los coeficientes reductores (la penalización) a aplicar sobre las pagas de estas personas. La reforma que debería entrar en vigor en enero permitirá el retiro a los 61 años a los trabajadores afectados por despidos colectivos o cierres de empresas que hayan cotizado 33 años.
La normativa también faculta para acogerse a esa modalidad de forma voluntaria a las personas de más de 63 años que hayan contribuido durante 33 al sistema.
El Ejecutivo también quiere establecer nuevas trabas a la jubilación parcial y modificar las condiciones de los contratos y de la jornada laboral de estas personas. En este caso, el objetivo también pasa por retrasar la edad mínima, ahora establecida en 61 años, y aumentar los 25 años fijados como mínimo de cotización. Un segundo informe propone una serie de medidas que permitan compatibilizar el cobro de una pensión con el desempeño de un trabajo.
CCOO aseguró, sin perjuicio de una posterior valoración detallada de ambos informes, que considera «inoportunas e innecesarias» las modificaciones que pretende abordar ahora el Ejecutivo en relación con las distintas formas de jubilación anticipada. Y considera «injusto» llevar al ámbito del sistema de pensiones «una nueva fase de la política de ajustes, debilitando los derechos de amplias capas de la población que se ven obligadas a jubilarse anticipadamente por la pérdida de su empleo». UGT coincidió en su rechazo firme a la iniciativa y exigió al Gobierno que no se salte el acuerdo suscrito en el 2011.