Imputan a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a su predecesor por cohecho

g. novás REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

El Tribunal Superior de Valencia cita a declarar a la ribadense y a Luis Díaz Alperi, ambos del PP, para el próximo día 19

02 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

Finalmente la imputación ha llegado. La alcaldesa de Alicante, la ribadense Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, están acusados de los delitos de soborno, tráfico de influencias y utilización privilegiada de información relativos al amaño del plan de urbanismo del municipio alicantino para favorecer los intereses privados del promotor inmobiliario Enrique Ortiz, accionista mayoritario del Hércules Club de Fútbol y también imputado. Tal y como había solicitado en julio el responsable del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada y del Castillo, que, dada la condición de aforados de ambos como diputados autonómicos, elevó entonces la causa -una de las piezas separadas del caso Brugal- al Tribunal Superior de Valencia, este, tras declararse competente el pasado septiembre, ha citado como imputados a los dos políticos populares para que declaren el próximo día 19.

Después de proclamar repetidas veces su indefensión e inocencia, ayer, tras conocer la imputación, Castedo se inclinó por no hacer valoraciones. Sí dio un paso adelante el partido. Ya Alberto Fabra, como presidente de la Generalitat y del PP valenciano, había dejado ver en julio su deseo de que los dos dimitiesen como parlamentarios. Ayer, según la prensa local, estaba previsto que el comité de derechos y garantías de esta formación política abriese sendos expedientes informativos cuando echase a andar el juicio oral, aunque no se cerrarían hasta que hubiese sentencia judicial.

El magistrado instructor, Juan Climent, precisa en el auto que atiende el escrito presentado por la defensa de Castedo en el que se solicitaba, según recoge Efe, que esta fuera llamada a declarar con carácter de urgencia.

En esta pieza separada del caso Brugal, Manrique Tejada abrió diligencias previas contra otras 15 personas más, entre las que figura el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo. El instructor observó indicios de delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario. Tejada entendía que el cohecho podría haberse producido como consecuencia de «la percepción y/o solicitud de dádivas» por parte de Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi al facilitar información del plan de urbanismo «que no debía ser pública».