El exviceconsejero de Empleo entre el 2004 y el 2010, Agustín Barberá, cerró ayer la tanda de comparecencias de altos cargos de la Junta de Andalucía imputados por el supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público, dos de los cuales -el exconsejero Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero- permanecen aún en prisión a la espera de poder reunir las elevadas fianzas impuestas hace escasas semanas.
La jueza Alaya hace hincapié en que los principales beneficiarios de la trama fueron un extenso grupo de personas «cuyos privilegios procedían de su proximidad a cargos de la Junta, a sindicatos y al PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación o conveniencia política».
El caso acumula ya más de 60 imputados, aunque algunos de ellos todavía tendrán que acudir a declarar a finales de verano. En una comparecencia atípica en cuanto a su duración, Barberá se acogió a su derecho de no declarar tras escuchar como, durante casi una hora, la jueza le leía los cargos en su contra y le acusaba de malversación de fondos, prevaricación, falsedad de documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos.