El juez instructor de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez abrió ayer una investigación para determinar si hubo revelación de secreto en las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el secuestro del empresario zaragozano Publio Cordón en junio de 1995, a mano de los Grapo. El magistrado se refiere en una providencia a datos publicados en los medios que no especifica y que aparecen en el sumario, en concreto en una comisión rogatoria internacional dictada en el marco de la investigación sobre el secuestro de Cordón que está considerada «secreta».
Gómez Bermúdez justifica que esa «publicidad repercute negativamente en la cooperación judicial internacional y en la propia investigación con probable daño para la causa pública». Por este motivo, ordenó a la Guardia Civil que, antes de las 9.00 horas del martes, le informe sobre «la cadena de custodia» de esta comisión rogatoria desde su llegada desde Francia al aeropuerto de Barajas y si se hizo alguna copia de la misma distinta a la que le fue entregada en su juzgado.
Lo curioso es que la mayoría de los medios de comunicación se hicieron eco de los datos que el pasado jueves aportó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras anunciar el esclarecimiento del secuestro con la detención de tres integrantes del Grapo.
El ministro reveló la ciudad francesa donde estuvo secuestrado Cordón (Lyon), el habitáculo donde estuvo encerrado (armario-zulo), las marcas del armario con las que el empresario apuntaba los días del cautiverio (15) y cómo se escapó y su posterior caída por la ventana. También se refirió al monte donde supuestamente enterraron al empresario. Una información, dijo Fernández Díaz, que procedía de un testigo protegido «que estaba despistado porque habían reforestado la zona en los últimos 15 años».
Doble enfado
La providencia causó malestar entre la Guardia Civil, encargada de investigar el secuestro durante 17 años, y que, curiosamente, deberá ahora investigar en 48 horas quién reveló secretos de la comisión rogatoria remitida desde Francia.
Más enfadada aún estaba la familia de Publio Cordón, pero no por el auto de prisión del magistrado. La razón de su «decepción» es que Gómez Bermúdez decretara prisión eludible bajo 10.000 euros de fianza a dos de los tres detenidos el jueves, por considerar que no hay riesgo de fuga. Se trata de Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa, que se negaron a declarar ante el juez. Por el contrario, ordenó prisión incondicional para Juan Antonio Ramón Teijelo, detenido en Sevilla junto a su compañera sentimental.