La crisis en la que está sumido el órgano de gobierno de los jueces (desde la renuncia de Dívar en la presidencia) no puede seguir abierta hasta septiembre, tras las vacaciones, porque todos en el Consejo del Poder Judicial tienen claro que eso, en el grave contexto del país, sería difícil de justificar ante la opinión pública.

Además, sería hacerle el juego al actual equipo de Justicia. De hecho, la oposición a los planes del ministerio es el principal elemento aglutinador de todos o casi todos los grupos y subgrupos que configuran el Consejo. Por tanto, sería la coartada perfecta para darle la puntilla al Poder Judicial en el marco de las reformas legislativas que promueve Alberto Ruiz-Gallardón.

Así, el objetivo que no fueron capaces de lograr en dos maratonianas sesiones de debates y votaciones, puede ser una realidad el próximo martes, aunque todos coinciden en que no va a ser tarea fácil. Ese era al menos el ambiente que se respiraba ayer en los despachos de la sede de la institución en la madrileña calle de Marqués de la Ensenada, en la que a lo largo de la mañana permanecieron la mitad de los vocales. La convocatoria, oficialmente, buscaba debatir más las cuestiones de procedimiento, sobre el sistema de votaciones, que hablar de candidatos, pero el clima, según testigos, era más relajado que el de los dos últimos cónclaves.

El candidato de consenso puede ser tanto un magistrado progresista como conservador, pero siempre debe acreditar un perfil moderado y poco vinculado a partidos políticos.

Las declaraciones efectuadas ayer por los vocales Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez en los respectivos foros en que participaban, en El Escorial y en Barcelona, no contradicen esta hipótesis. Y ambos saben de lo que hablan. Gómez Benítez dijo que hay que evitar la imposición de los políticos y Robles asumió «un cierto fracaso» en las dos reuniones del pleno sin fruto.