Los ecologistas denuncian que dañará «gravemente» al medio ambiente
29 jun 2013 . Actualizado a las 18:51 h.El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, amplía las concesiones de las propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre a 75 años y permite su transmisión.
En la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz Santamaría, ha explicado que este anteproyecto persigue «la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente» en el litoral español, que es la base fundamental del turismo en España.
La ley supondrá, ha indicado, una «tolerancia cero» frente a las agresiones en la costa, y cuenta con una «cláusula anti algarrobicos», para actuar frente a acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley.
En la exposición de motivos, se afirma que en relación con el régimen concesional, la ley introduce «importantes cambios». Así en el régimen general se modifica el plazo máximo de duración de las concesiones que pasa a ser de 75 años, y se permite la transmisión mortis causa e intervivos de las concesiones. En el primer caso, y según el texto, se amplía el plazo de notificación que deben hacer los causahabientes (sucesores o subrogados) para poder subrogarse en la concesión de uno a cuatro años.
El artículo segundo de la ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior.
Se da respuesta, a la extinción de las concesiones previstas en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, que preveían, con carácter general, un plazo máximo de 30 años de duración, que finalizará en 2018.
Debe subrayarse, refiere el anteproyecto, que no se trata de una prórroga indiscriminada, sino que su otorgamiento queda supeditado a un informe favorable del órgano ambiental autonómico, en los casos en que se trate de ocupaciones destinadas a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera.
«Este es un ejemplo -agrega el texto- donde la seguridad jurídica que supone la continuidad de la ocupación se conjuga con la protección del litoral que podrá conllevar la expulsión efectiva de todas aquellas concesiones que no sean ambientalmente sostenibles». Esta prórroga extraordinaria tendrá una duración máxima de 75 años.
La principal novedad que se introduce respecto de la zona de servidumbre de protección está dirigida a las edificaciones que legítimamente las ocupan, a cuyos titulares se les permitirá realizar las obras de reparación, mejora, modernización y consolidación, siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie.
Eliminando para ello el requisito de la autorización administrativa previa, por el de la declaración responsable. En la que tendrán que incluir, como ya se ha indicado, que tales obras cumplen con los requisitos de eficiencia energética y ahorro de agua. A su vez, también se prevé reducir el ancho de esta servidumbre de 100 metros a 20 metros en relación con los núcleos de población que sin poder acogerse a lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, por no ser suelo calificado como urbano, si tenían en aquella fecha características propias de él.
Reducción que se contempla también, como posibilidad excepcional, para las rías, evitando que cuando algún tramo de estas emerge tierra adentro, a distancia de la ribera del mar, genere, por defecto, una servidumbre de 100 metros. La ley prevé asimismo que a los bienes declarados de interés cultural que ocupan el dominio publico, se les otorgue una concesión y se les aplique su régimen jurídico propio.
Exclusión de diez núcleos del dominio público
El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Girona, Huelva y Málaga.
Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley de Costas en vigor.
También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d Aro (ambas en Girona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.
En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava, (Girona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.
La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo terrestre
Los ecologistas denuncian que dañará «gravemente» al medio ambiente
Ecologistas en Acción, WWF y Seo/Bird Life han coincidido en criticar la ampliación de las concesiones a 75 años que propone el anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de Ministros, y han destacado el enorme daño al medio ambiente que esto supondrá.
Ecologistas en Acción ha tildado de privatización encubierta esta modificación que supondrá el sacrificio del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) a la especulación urbanística y a los intereses privados.
La ONG ha asegurado que la principal medida que contiene el anteproyecto es la de ampliar las concesiones a 75 años y permitir la compra-venta de los inmuebles, «lo que equivaldría a tener en propiedad un espacio público prácticamente de por vida».
Por otra parte, la pretensión de reducir la servidumbre de 100 a 20 metros en lugares como las rías es una medida totalmente alejada de la verdadera dinámica de estos ecosistemas.
Según la organización, lejos de proseguir con el Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático en la costa, el ministerio avanza en dirección totalmente opuesta, lo que acarreará grandes perjuicios sociales y económicos a las poblaciones que reduzcan los metros de la servidumbre.
Ecologistas en Acción ha destacado, además, que aumentar la «flexibilidad» en las playas urbanas no traerá sino «nefastas» consecuencias para el equilibrio de la franja litoral así como un efecto negativo sobre los usuarios de las playas.
Para José Luis García Baras, responsable del programa marino de WWF, el anteproyecto de ley de costas supone un cambio en el espíritu de la norma y un retroceso en cuanto a protección medioambiental, porque la modificación planteada prima los intereses económicos antes que el entorno natural.
García ha criticado la ampliación de concesiones a 75 años y la posible «transmisión intervivos», que podría desarrollar procesos especulativos en torno a estas propiedades.
«No se han tenido en cuenta las consecuencias del cambio climático que pueden modificar la línea de mar» y ese cambio puede hipotecar al Gobierno con ayudas a viviendas en la línea de playa.
Asimismo, ha denunciado el oscurantismo del proceso y la inseguridad jurídica que de ella se puede derivar, al contrario de lo que afirma el ministro.
La directora de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha destacado que con esta reforma el Gobierno no ha tenido en cuenta los efectos negativos medioambientales que se puedan originar.