La Audiencia de Sevilla da un varapalo a la jueza que instruye el fraude de los ERE pagados con dinero público, Mercedes Alaya, al revocar ayer la orden de prisión incondicional para el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández (PSOE), para el que establece así una fianza de 450.000 euros en metálico. Argumenta el tribunal que no hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, sobre todo después de que el acusado estuvo 13 meses imputado antes de declarar y que compareció durante cuatro largos días ante la instructora.

Fernández, el dirigente político de mayor rango implicado en la causa, permanece encarcelado desde el pasado 24 de abril acusado de cohecho, falsedad en documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la obtención de subvenciones y negociación prohibida a funcionarios. Según Alaya, que le impuso una fianza por responsabilidad civil de 807 millones de euros, Fernández en su condición de viceconsejero y posteriormente de consejero de Empleo, fue el ideólogo del sistema de ayudas sociolaborales que la Junta desarrolló en el 2001 y que permitió no solo la arbitrariedad en las concesiones, sino eludir toda clase de controles y fiscalización.

Guerrero, también libre

Horas después, y tras la decisión de la Audiencia, Alaya decidió, de oficio, dejar también en libertad bajo fianza (de 250.000 euros) a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, que permanecía encarcelado desde el 9 de marzo.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, dijo que la cantidad es acorde con la fijada para Antonio Fernández, dada la diferente capacidad económica de cada uno, aunque, objetó, elevada para la situación personal de su cliente, por lo que duda que la familia pueda reunir esa cantidad antes de 20 días.

Familia y amigos de Fernández prevén tener listos para hoy los 450.000 euros y que salga así de la cárcel.