La jueza que lleva el caso de los ERE, Mercedes Alaya, tomó ayer declaración al segundo de los directores generales de Trabajo imputados, Juan Márquez, quien sustituyó a Francisco Javier Guerrero en el cargo y al que la instructora acusa de haber mantenido el sistema ilegal de ayudas. En concreto, Alaya cree que es responsable de haber aprobado 114 prejubilaciones y 17 ayudas directas a empresas por un importe total de 154 millones de euros, pese a contar con el informe contrario de dos bufetes. Así, en su lectura inicial de cargos la instructora imputó a Márquez cuatro delitos continuados de malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación activa omisiva y falsedad documental.

Durante las primeras horas de su declaración, según informaron fuentes judiciales, el exdirector de Trabajo reconoció que ni siquiera se leyó el convenio marco que ampara las ayudas, y que no fue hasta un año después de ocupar el cargo cuando se percató de la inexistencia de un procedimiento de control de las mismas. Así, recordó que era un mero «responsable político» y su función, por tanto, no era el control de la legalidad.

Por otra parte, la comisión del Parlamento andaluz que investiga el fraude solicitará a Instituciones Penitenciarias y al juzgado que lleva el caso interrogar a los altos cargos de la Junta encarcelados de forma preventiva.