El fiscal general del Estado, como ya ocurrió hace tres meses a Esperanza Aguirre, se ha queda solo en la denuncia de la supuesta ineficiencia de la Administración autonómica de la Justicia y en la propuesta de que las competencias retornen al Estado para mejorar la gestión de los tribunales. Todos, Gobierno, PP, oposición y comunidades de distinto signo político rechazaron ayer la propuesta que lanzó Eduardo Torres-Dulce en la Universidad Juan Carlos I, donde aseguró que la realidad demostró que el paulatino traspaso a las autonomías de la gestión de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia fue un «error».

El máximo responsable de la Fiscalía, como ya hizo en abril la presidenta madrileña, reclamó la recentralización de la gestión de esta materia y defendió que «un Estado en el que no hay un núcleo importante de Justicia, Sanidad y Educación difícilmente podrá funcionar».

La desautorización más contundente le llegó desde el propio PP, por boca del portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, quien orientó sus declaraciones a tratar de clausurar un debate, el del recorte del Estado autonómico, que sabe que no les aporta beneficio político. Aseguró que tanto él, como su partido como el Gobierno de Rajoy no tienen plan alguno para despojar a las comunidades de la gestión de los medios y la infraestructura de la Justicia, ya que consideran «razonable» que la competencia continúe en sus manos. Indicó que en los planes del Ejecutivo lo que sí está es mejorar la coordinación entre las estructuras judiciales dependientes de las comunidades, del Estado y del Poder Judicial para lograr más eficacia, con programas como la utilización de sistemas informáticos compatibles por tribunales, fiscalías y registros para afinar un funcionamiento en red de todos los departamentos y un intercambio de datos ágil.

El ministerio y las autonomías también han comenzado a ejecutar el despliegue del nuevo modelo de oficina judicial y el departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón prepara la salida de la resolución de múltiples procedimientos y controversias mínimas del ámbito judicial, y la adaptación al siglo XXI de la estructura de los partidos judiciales y de los procedimientos penales. En definitiva, concretan fuentes gubernamentales, el objetivo es mejorar la coordinación entre Administraciones y la modernización funcional, pero nunca la recentralización.

Solo Madrid

Las comunidades gobernadas por el PP también rechazaron la propuesta y portavoces de la Xunta y de los Gobiernos de Aragón y Cantabria salieron a defender sus competencias en Justicia. El único territorio bajo dominio popular que consideró «muy oportuno» el análisis de Torres-Dulce fue Madrid, que, a través de su consejera del ramo, no dio un apoyo explícito al fiscal, pero consideró que «es muy importante que se produzca esta reflexión».

Los rechazos más contundentes a cualquier amago de recorte de competencias por parte del Estado salieron de los Ejecutivos vasco y catalán.