Finalmente el acuerdo no fue posible. El Gobierno andaluz aprobó ayer el decreto-ley que recoge su plan de ajuste, y que había aplazado para negociar con los sindicatos el recorte de sueldo de los funcionarios y empleados públicos. Entrará en vigor de forma inmediata, por lo que se aplicará a las próximas nóminas que se abonen en julio, según detalló la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

De los 2.700 millones de euros en recortes que contemplan los presupuestos, más de 750 saldrán de las reducciones salariales a los empleados públicos, funcionarios y altos cargos. La Junta reducirá los salarios de los altos cargos un 7,5 %, es decir, un 2,5 % más de lo previsto.

Asimismo, el Gobierno autónomo que preside José Antonio Griñán se compromete a que ningún empleado público cobre menos de 1.000 euros por jornada laboral completa y a establecer en un tope del 10% la disminución de la jornada laboral y, por tanto, las retribuciones del personal temporal, frente al 15 % que había planteado inicialmente.

Martínez Aguayo aseguró que la Junta «acata por responsabilidad» las exigencias del Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero mantiene un «profundo desacuerdo» con los criterios relativos a la fijación del objetivo de déficit, aunque hará un «enorme esfuerzo» para cumplirlo.

El socio de Griñán en el bipartito, IU, difundió un boletín informativo en que justificaba su apoyo al plan de ajuste «por responsabilidad», aunque admitía que tiene la «tentación» de declararse «insumiso».

Por otro lado, la Junta de Castilla-La Mancha solo mantendrá las becas de comedor para los alumnos con jornada partida que utilizan el transporte escolar. El Ejecutivo de María Dolores de Cospedal destinará medio millón de euros a estas ayudas. Los sindicatos aseguraron que esto supondrá el cierre de comedores escolares, mientras las asociaciones de padres mostraron su rechazo porque habrá muchas familias que no puedan costear el gasto.