El Gobierno rebaja las exigencias para acercar etarras al País Vasco

Los presos no deberán pedir perdón para entrar en el plan de reinserción

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Primer gesto del Gobierno seis meses después de que ETA decretara, el 20 de octubre, el alto el fuego definitivo. El Ministerio del Interior pone en marcha un plan de reinserción para terroristas de todo tipo que, en la práctica, supone relajar las condiciones para el acercamiento al País Vasco del más de medio millar de presos etarras dispersos por las cárceles españolas y que siguen fieles a la disciplina de la banda. La gran novedad de este programa, que en ningún modo contempla beneficios penitenciarios, es que los reclusos podrán cumplir el resto de sus condenas en centros más o menos cercanos al País Vasco, o incluso en cárceles vascas, sin necesidad de pedir perdón expreso a sus víctimas, una condición que hasta ahora era sine qua non para acogerse a la denominada vía Nanclares, la única puerta que existía para el acercamiento.

El plan integral de reinserción diseñado por el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, y que comenzará a funcionar en mayo en prisiones del País Vasco y cercanas a esa comunidad, supondrá rebajar de cuatro a una las exigencias para el acercamiento. Para entrar en este programa solo habrá una condición, que el terrorista firme un documento en el que rompa «públicamente» con la banda y que renuncie de manera «fehaciente» a la violencia.

Además de no ser necesaria la petición de perdón, tampoco se exigirá al preso que colabore con la Justicia para aclarar atentados ni que haga una declaración expresa en la que acepte hacer frente a las indemnizaciones aparejadas a sus condenas, como hasta ahora se reclamaba para incorporarse a la vía Nanclares.

En la práctica, la exigencia del arrepentimiento para aspirar al acercamiento había bloqueado el aumento de la disidencia, sobre todo tras la declaración del alto el fuego definitivo. Según reconocen responsables penitenciarios, las expectativas de una solución conjunta a los presos alimentada por la dirección de ETA ha provocado que «prácticamente ninguno» de los 496 reclusos etarras en las cárceles españolas que todavía siguen fieles a las órdenes de la organización haya dado el paso en el último año.

Los responsables de Instituciones Penitenciarias sostienen que esa dinámica es la que se quiere romper, lejos de favorecer al sector duro de ETA. El recluso deberá participar en «aulas de convivencia», una suerte de cursillos en los que tendrá que dar muestras de entender el daño que ha causado y demostrar que está listo para su reingreso en la sociedad.

En esas aulas, en las que el interno también tendrá ayuda para su reinserción laboral y en las que se pedirá la colaboración de los servicios del Gobierno vasco, los técnicos valorarán si su ruptura con la violencia es «sincera» y si cabe «premiarlo» con el traslado. Un acercamiento que será siempre «gradual y escalonado», en función del «compromiso» demostrado.

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