LA CASA REAL, EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

Los expertos reclaman cambios en la ley para regular el papel del rey

Consideran que la crisis debe servir para avanzar en la transparencia

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El viaje del rey a Botsuana para cazar elefantes en plena crisis ha abierto el debate sobre el papel de la institución monárquica y cómo debería adaptarse a los nuevos tiempos para frenar el progresivo desapego popular. Nunca la monarquía y quien la encarna habían sido tan cuestionados. Catedráticos de Derecho Constitucional consultados por La Voz consideran que las históricas y genéricas disculpas de don Juan Carlos no zanjan la cuestión y deberían ir acompañadas de una serie de reformas legislativas, mayor transparencia y cambios de actitud.

Antonio Torres del Moral (UNED) enumera los retoques legales que habría que acometer de forma urgente. Reformar la Constitución para igualar a la mujer y el varón en el orden sucesorio, promulgar un estatuto de la familia real, una ley relativa a la Casa Real, una ley orgánica para aclarar dudas sobre la sucesión o cambiar la redacción del artículo que otorga al rey el «mando supremo» de las Fuerzas Armadas para que diga «rango supremo», ya que su dirección corresponde al Gobierno.

Cambio de actitud

Al igual que Torres del Moral, Xavier Arbós (Universidad de Barcelona) considera que la Casa Real «debe incluirse en la ley de transparencia». También señala que debe haber un cambio «en las actitudes para evitar la exhibición de una vida lujosa». Además, «el episodio puede ser útil para que quede claro que la persona que está al frente de la monarquía debe tener un comportamiento impecable».

«El rey debe ser consciente de que es el jefe del Estado los 365 días del año», señala Eduardo Vírgala (Universidad del País Vasco). «A partir de ahora no debe realizar actividades que puedan comprometer su imagen o que transmitan a los ciudadanos un estilo de vida contradictorio con los mensajes de sus discursos», asegura. Considera muy necesario elaborar «con sosiego y detenimiento todo el estatuto jurídico de la Corona que está previsto en la Constitución y permanece inédito».

«En mi opinión, el cambio esencial es que la Corona debería ser considerada, prácticamente a todos los efectos, un poder más del conjunto del Estado y someterse a los mismos principios constitucionales de las Administraciones públicas», sostiene Pablo Santolaya (Universidad de Alcalá). En ese sentido, considera que «no hay ningún motivo para que se excluya a la Casa del Rey de la ley de transparencia».

Tratamiento privilegiado

Tampoco entiende por qué «tiene un tratamiento privilegiado a la hora de restringir los fondos públicos que tiene asignados en una situación de crisis». «No sé cual es la razón por la que su presupuesto es una partida global de libre distribución por el rey y así un largo etcétera», añade. «En definitiva, la monarquía del siglo XXI debería reconocer el hecho de que es, a todos los efectos no incompatibles con su propia esencia, una institución de un Estado de derecho», concluye.

Yolanda Gómez (UNED), autora de La monarquía parlamentaria: Familia real y sucesión a la Corona, considera que «no se trata tanto de cambiar, sino de dar a la jefatura del Estado la relevancia que debe tener; si esto fuera así, habría más información sobre sus actividades». Destaca que el tipo y la frecuencia de estas depende de lo que marque el Gobierno, por lo que no es partidaria de «culpar» a la institución. Y concluye: «Los cambios deben venir fundamentalmente de propuestas del Gobierno que es, finalmente, quien marca y dirige la política interior y exterior».