Sor María, la primera imputada por el robo de bebés, declara hoy ante el juez

EFE

ESPAÑA

Un juzgado de Madrid investiga a la religiosa por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público en la causa de los «niños robados»

12 abr 2012 . Actualizado a las 13:10 h.

La monja María Gómez Valbuena, más conocida como sor María, declara hoy como imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga a la religiosa por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público en la causa de los «niños robados».

Sor María, que tiene cerca de 80 años y vive en un convento de las hermanas de la Caridad en Madrid, es la primera imputada que declara ante el juez después de que el magistrado recibiera la denuncia de la Fiscalía de Madrid sobre el caso de María Luisa Torres, una madre que acusa a la monja de haberle arrebatado a la hija que tuvo en marzo de 1982 en la clínica madrileña Santa Cristina.

La religiosa trabajaba como asistente social en ese hospital cuando, según la denunciante, ocurrieron los hechos.

El pasado día 3 María Luisa Torres, que declaró como testigo ante el juez, ratificó su denuncia y explicó que sor María le quitó a su bebé por «adúltera», ya que el padre no era su marido, después de haber intentado engañarla diciéndole que la niña había fallecido en el parto.

Torres y su hija Pilar, que se reencontraron hace medio año tras confirmarse su relación biológica por pruebas de ADN, comentaron a la salida de los juzgados que esperaban que se hiciera justicia y que su caso sirva para dar «pasos de gigante» en un asunto difícil de demostrar por la posible prescripción de los delitos o por la dificultad de hallar pruebas acusatorias.

La comparecencia de sor María en el juzgado, donde ha sido citada a las nueve y media de esta mañana, coincide con la reunión que las asociaciones de afectados por los casos de «niños robados» van a mantener hoy con los ministros del Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente, además de con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.