La monja acusada del robo de una niña en 1982 acudió a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid poco después de la ocho de la mañana acompañada por otra monja de la congregación
13 abr 2012 . Actualizado a las 02:53 h.El juez Adolfo Carretero mantiene imputada, por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público, a la religiosa María Gómez Valbuena, sor María, que hoy se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado que instruye uno de los casos de los llamados «niños robados».
Sor María, que tiene cerca de 80 años, es la primera imputada en este procedimiento, después de que un juez aceptase la denuncia de una mujer, María Luisa Torres, que asegura que la monja le arrebató a la hija que tuvo en marzo de 1982 en la clínica madrileña Santa Cristina.
Tras su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, el magistrado ha acordado mantener su imputación y continuar con la investigación y la practica de nuevas diligencias, y mañana mismo tomará declaración en calidad de testigos a los padres adoptivos de Pilar, la supuesta «niña robada» en este caso.
Escoltada por varios policías y guardias de seguridad y sin hacer declaraciones a los periodistas, sor María ha abandonado los juzgados madrileños de Plaza de Castilla en un Mercedes Benz todoterreno con los cristales tintados e intentando escapar del numeroso grupo de fotógrafos y cámaras que esperaban a su salida.
Ante la gran expectación mediática y la presencia de algunos afectados en la causa de los «niños robados», que también se han concentrado a la puerta de los juzgados, varios agentes han recibido la orden expresa de escoltar a la religiosa para evitar incidentes.
«Sinvergüenza, ¿por qué no nos dejáis que la veamos?», gritaban algunos de los concentrados mientras la religiosa intentaba subir rápidamente al vehículo que la esperaba en una de las entradas de las instalaciones judiciales, a las que ha llegado a las ocho de la mañana, hora y media antes de su cita ante el juez, que estaba fijada para las nueve y media.
Durante su estancia en los juzgados, ha permanecido en una sala de espera, acompañada de otra monja, que como ella también vestía el hábito de las hermanas de la Caridad, y su comparecencia ante el juez ha durado apenas unos minutos, en los que se ha acogido a su derecho a no declarar.
La abogada de la acusación particular, Ana Jiménez, ha indicado a los medios que ha visto a la religiosa «tranquila» y que no ha ofrecido ninguna explicación más al juez.
Una de las afectadas en la causa de los «niños robados», Paloma Pérez, que se enteró hace ocho años de que fue separada de su madre biológica en contra de su voluntad, y cuya denuncia fue archivada por prescripción, ha expresado a los periodistas su indignación al comprobar que se le «da más protección» a la religiosa que a los perjudicados.
Pérez, que esperaba a la puerta de los juzgados la salida de sor María, ha mostrado su incomprensión ante el hecho de que una persona, como la monja imputada, haya causado «tanto sufrimiento» «sin necesitar el dinero».
Otros afectados también criticaban la protección policial que se ha dado a la religiosa.
«¡Qué poca vergüenza!, y encima la protegen, ¿quién estaba allí cuando nos estaban robando y vendiendo como perros?», increpaban.
El pasado día 3, María Luisa Torres, que declaró como testigo ante el juez, ratificó su denuncia contra la monja y explicó que sor María le quitó a su bebé por «adúltera», ya que el padre no era su marido, después de haber intentado engañarla diciéndole que la niña había fallecido en el parto.
Pérez, que esperaba a la puerta de los juzgados la salida de sor María, ha mostrado su incomprensión ante el hecho de que una persona, como la monja imputada, haya causado «tanto sufrimiento» «sin necesitar el dinero».