Mariano Rajoy expresó ayer su preocupación porque los enfrentamientos entre policías y estudiantes en Valencia, en los que hasta ahora ha habido 25 detenidos y once heridos, ofrezcan al exterior una imagen «que no es la de nuestro país». Por ello, reclamó «serenidad, mesura y sentido común» a todas las partes implicadas. Tras tensas discusiones entre los mandos policiales y los responsables políticos del Ministerio del Interior, el Gobierno, por boca de su delegada en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, anunció la apertura de una investigación para esclarecer si en la actuación de las Unidades de Intervención (UIP) hubo algún tipo de «exceso policial».
Sánchez de León, que prometió que se «depurarán responsabilidades» si se comprueba que existió demasiado celo entre los agentes, afirmó que «el hecho de que un grupo de radicales haya aprovechado una determinada situación no justifica comportamientos individuales que rechazo».
La delegada -última responsable de la actuación de las UIP y la persona que, según diferentes policías que actuaron en Valencia dio la orden directa de disolver las protestas de los jóvenes del instituto Luis Vives- hizo el anuncio poco después de que el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitiera públicamente que pudo darse «algún exceso y alguna actuación desafortunada por parte de algún policía», eso sí, como respuesta a la actuación de infiltrados «radicales y violentos».
Las palabras de Fernández desataron las críticas en la policía y, muy en particular, en el sindicato mayoritario de la institución, el SUP, que tildó al ministro de cobarde por cargar contra los agentes y no cesar a la delegada del Gobierno, que ordenó el desalojo. Precisamente, todos los partidos de izquierda, con el PSOE a la cabeza, pidieron la inmediata destitución de la delegada. Antes, la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, puso en marcha otras diligencias de oficio sobre las cargas policiales. De forma paralela, también el sindicato de Greuges y Defensor del Menor en la Comunidad Valenciana, José Cholbi, anunció la apertura de otro expediente para saber si hubo «vulneración de derechos de menores».
A media tarde de ayer, el titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia dejó en libertad a 12 personas que habían sido detenidas en la última protesta estudiantil, aunque acusadas de resistencia, desórdenes, lesiones y atentado a la autoridad.
