El Gobierno limita a 105.000 euros anuales el sueldo de los directivos de las grandes empresas públicas

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un decreto ley por el que fija límites a los sueldos que perciben los directivos de las empresas públicas. Según explicó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la medida se enmarca dentro de la política de austeridad del Ejecutivo, y se traducirá en una reducción de entre el 25 y el 35% de las retribuciones que actualmente cobran los gestores de dichas empresas públicas, cuyo número se estima en más de 4.000 en todo el país.

De este modo, en función de las dimensiones del organismo, el salario base de sus ejecutivos se limitará a 105.000 euros en las grandes, a 80.000 en las medianas y a un máximo de 55.000 euros para las más pequeñas. El sueldo fijo se complementará con retribuciones variables que, en palabras de Santamaría, estarán «absolutamente ligadas al cumplimiento de objetivos» que, de no alcanzarse, no se percibirán. Otra de las novedades es que se elimina «una práctica habitual» -según la vicepresidenta- como es el cobro de retribuciones en especie, como la vivienda o la manutención.

Aunque admitió que los máximos salariales establecidos son «sensiblemente inferiores a los que se manejan en el sector privado para empresas similares», Sáenz de Santamaría destacó que sin embargo el Gobierno los considera «razonables», habida cuenta de que corren tiempos difíciles y se impone la austeridad, máxime cuando de lo que se habla es de empresas públicas y cuando los empleados públicos han visto congelados sus sueldos. Asimismo, no mostró preocupación porque los nuevos salarios topados resulten disuasorios para atraer talento al sector público, ya que apuntó que se podrán establecer primas con la parte variable del salario para captar «a los mejores».

Sobre el ahorro que las medidas supondrán, lo estableció entre el 25 y el 30% de los salarios actuales para la media del sector público, aunque en las más pequeñas se eleva hasta el 35%, y puso como ejemplos las retribuciones de los gestores de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), Navantia o HUNOSA, que se reducirán respectivamente un 22%, un 28% y un 23%.

Menos consejeros

Otra de las medidas que incluye el decreto es la introducción de un máximo al número de consejeros de dichas sociedades, en línea con la gobernanza del sector privado. De este modo, las empresas de mayor tamaño no podrán superar los 15 consejeros, 12 las medianas y 9 las de dimensiones más reducidas. Sáenz de Santamaría avanzó que se traducirá en una reducción de un centenar de consejeros y que, «solo en dietas», el ahorro será de en torno a un millón de euros.

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