El esfuerzo del Gobierno por hacer comprender a los ciudadanos que la subida de impuestos es ineludible para salir de la crisis y recortar el déficit se topó ayer con un enemigo en sus propias filas. Mientras el Ejecutivo ha aprobado una subida del IRPF, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, está estudiando una bajada de ese mismo impuesto en el tramo autonómico, según explicó ayer el consejero de Economía y Hacienda madrileño, Percival Manglano. El responsable de las finanzas autonómicas afirmó que su comunidad se lo puede permitir, ya que su situación financiera es mejor que la del conjunto de las Administraciones públicas en España.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, eludió entrar en polémica con Aguirre y aseguró que «es la Comunidad de Madrid la que tiene que saber si le salen las cuentas». Recordó que las autonomías tienen capacidad para manejar ese tramo del IRPF, «siempre que cumplan con sus previsiones de ingresos, gastos y con el objetivo del déficit».
El desmarque de Aguirre respecto a las medidas fiscales de Rajoy llega precisamente cuando el Gobierno intenta evitar cualquier discordancia en el discurso político de los populares. Con ese objetivo, antes de anunciar nuevas medidas destinadas al recorte del déficit el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reunirá con todas las comunidades gobernadas por el PP. Dolores de Cospedal explicó que el encuentro con Montoro se considera una cita interna del partido para preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que estarán representadas todas las comunidades y que, según explicó, podría celebrarse en «ocho o diez días». Cospedal cuestionó el dato ofrecido en su día por Sáenz de Santamaría y aseguró que las autonomías no son las principales responsables del desvío sobre la cifra del 6 % de déficit. «La mayor parte del déficit no corresponde, ni mucho menos todo, a las comunidades autónomas», señaló, al tiempo que criticó al PSOE por atacar el ajuste cuando son «corresponsables» de la situación.
Reducción de empresas públicas
Montoro adelantó también ayer que las autonomías deberán «eliminar mucha clase de gasto, como hemos hecho en la Administración central». «Vamos a establecer techos de gasto y de deuda para todas las comunidades, así como un sistema de penalización para quienes no cumplan», señaló. Afirmó además que en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera se abordará la intención del Gobierno de cerrar en pocos meses 450 organismos autónomos, fundaciones y empresas públicas.
A la espera de esas nuevas reformas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, admitió la dureza de las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo de Rajoy y envió un mensaje de confianza asegurando que los esfuerzos que ahora se exigen servirán para salir antes de la crisis. Reconoció que se han pedido ya muchos sacrificios a los ciudadanos en los últimos años, pero explicó que será necesario «un esfuerzo más» para mejorar la situación económica y poder crear empleo. Dejó al margen de esa petición de sacrificio a los parados y a los pensionistas, a los que, a su juicio, el Gobierno del PSOE «les exigió un esfuerzo que quizá no les corresponda».
El Ejecutivo tiene previsto avanzar en las reformas anunciadas y, según la vicepresidenta, las destinadas a la creación de empleo, que se consideran las más urgentes, «previsiblemente se definirán esta semana», y luego se aprobarán aquellas destinadas al control del déficit y a la dinamización de la economía. «Queremos trasladar a los ciudadanos que los esfuerzos no serán en vano. Quizá se les está pidiendo un esfuerzo más, y llevan muchos, pero todo ese esfuerzo tiene un fin: crear empleo, volver a generar riqueza y colocar a nuestro país en bienestar y en el mundo en la posición que tenía hace unos años», concluyó la vicepresidenta.