El Gobierno de la Comunidad Valenciana necesita reducir gastos con urgencia por su alto endeudamiento y su falta de liquidez. No puede volver a pasar por situaciones tan acuciantes como las que vivió recientemente por sus dificultades para afrontar un vencimiento de deuda contraída con el Deutsche Bank. Así justificó ayer el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, las nuevas medidas de su programa de recortes. Reducirá de 37 a 25 las horas semanales de trabajo de todos los interinos de la Administración autónoma, a los que, de forma proporcional, les recortará el sueldo. Además, detalló el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, ya presentó en la mesa de negociación de la Función Pública, la paralización para el personal de Educación del reconocimiento de nuevos sexenios y la rebaja de las percepciones a la mitad en los ya concedidos. El Ejecutivo de Fabra suprimirá empresas y entes del sector público dependientes de su Administración hasta dejar las 46 actuales en solo seis. El plan expuesto por Vela -vigente en los dos próximos ejercicios y que persigue un ahorro de 271 millones de euros anuales- ya fue tildado como «un atraco» por los representantes sindicales, que se levantaron, dejaron la mesa y anunciaron movilizaciones.

El programa recoge ajustes que afectan al nombramiento del personal docente interino, al profesorado especialista y al de Religión, que trabajarán con contratos cuya vigencia se reducirá a la duración del curso escolar y no de un año, con lo que perderán su retribución en las vacaciones de verano.

De esta poda podrían no salvarse los moscosos -días disponibles para asuntos propios, que se verían sustancialmente reducidos- y las jornadas vacacionales adicionales atribuidas a la antigüedad. También prevé la Generalitat paralizar la concesión de nuevas retribuciones en Sanidad por la carrera profesional, lo que conllevaría reducir un 50 % las ya otorgadas.