Maltrato y olvido administrativo en los centros de menores

Gobierno y comunidades se desentienden de unas casas que ceden a fundaciones privadas en régimen de concesión


Un informe del Defensor del Pueblo que denuncia malos tratos a menores en algunos centros de atención a adolescentes ha despertado, además de polémica entre los defensores y los detractores de estas casas, dudas con respecto a la gestión de las mismas. El informe hace referencia a los centros de internamiento para menores con problemas psíquicos o de conducta (terapéuticos), pero existen dos tipos más: los de reforma y los de protección.

José Luis Calvo, de la Asociación Pro Derechos del Niño y de la Niña, explica que los centros de reforma son «para menores que han cometido algún delito, pero que no van a una cárcel para adultos por no ser mayores de edad»; mientras que a los de protección «asisten menores protegidos por la Administración, que asume su tutela, cuando son, por ejemplo, víctimas de malos tratos en sus familias». En los terapéuticos ingresan «menores en situación de inadaptación asociada a trastornos de conducta», según se dice en el informe del Defensor del Pueblo.

M.?C.?V, ex educador de uno de estos centros, considera, en declaraciones a La Voz, que «el problema es que como los menores de 14 años que cometen delitos no van al reformatorio, entonces los meten en los terapéuticos». Calvo añade otro inconveniente: «Los internos de centros de reforma tienen acceso a la justicia, pero los de los terapéuticos están en una especie de limbo judicial».

«No estamos muy enterados»

Estos centros, según fuentes del Ministerio de Justicia, tienen diferentes regímenes: cerrado, cuando los internos no salen nunca del centro; semiabierto, cuando algunas actividades educativas o lúdicas se realizan fuera; y abiertos, cuando todo lo realizan fuera pero duermen en el sitio. Además de este tipo de centros, los juzgados o la Administración pueden enviar a los menores a pisos de acogida, u obligarlos a recibir tratamiento terapéutico en centros de día.

La Voz ha podido comprobar como más allá de esta estructura, el control de los centros es un completo caos por parte de la Administración. En dos días de llamadas, ni los ministerios de Justicia, Educación e Interior, ni Instituciones Penitenciarias, ni el Defensor del Pueblo, ni los Gobiernos de cuatro comunidades autónomas (Galicia, Madrid, Andalucía y Canarias) fueron capaces de determinar el número de centros de menores (de los tres tipos) existentes, ni la cantidad de internos y plazas disponibles. Una funcionaria de Educación se justificó lo mejor que pudo: «Como eso lo gestionan fundaciones privadas, no estamos muy enterados». Y no mintió: tampoco ninguna fuente oficial supo, o quiso, explicar cómo se adjudica la gestión de estos centros, ni cómo se supervisan, a pesar de que más del 70% de ellos están en manos privadas.

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