El Defensor del Pueblo denuncia malos tratos en centros de menores


03/02/2009 02:00 h

Castigos físicos, violencia psicológica y uso indiscriminado de calmantes, son algunos de los malos tratos que sufren niños y jóvenes internados en centros de protección de menores con trastornos de conducta, y que denuncia el Defensor del Pueblo a través de un informe remitido al Congreso de los Diputados, y al que La Voz ha tenido acceso.

En sus 469 páginas, el documento hace un recorrido por 27 de los 58 centros que existen en España dedicados a acoger a menores problemáticos y con trastornos psíquicos, una especie de reformatorios, pero cuyos internos no han cometido ningún delito. Las conclusiones se hacen eco de las denuncias de diferentes asociaciones, educadores y padres: en muchos de estos centros se violan sistemáticamente los derechos de los menores.

El informe especifica algunos de los abusos descubiertos, muchos de los cuales se presentan cuando los menores están en «momentos de crisis», y sus cuidadores recurren entonces a «las contenciones físicas, mecánicas o a las medidas de aislamiento», todas con el fin de inmovilizarlos o intimidarlos. Estas incluyen, además de la administración de fármacos, medidas extremas como confinar a los menores en salas de aislamiento que se acercan más a la descripción de una cámara de tortura: muchas de ellas son extremadamente pequeñas, sin ventanas y con poca ventilación. Según explicó uno de los paladines de su uso a los investigadores, el objetivo es que «el niño toque fondo, se trata de anular del todo su resistencia».

El informe dice entonces: «Un instante de permanencia en el interior de esas terribles salas permite aseverar que su utilización nada tiene que ver con una actuación terapéutica, y que atenta no solo contra la salud psíquica de los menores, sino también contra su dignidad». Muchos de los confinados a este tipo de aislamiento terminan autolesionándose o intentan quitarse la vida. No en vano, el documento define a los niños y jóvenes internos en estos sitios como menores «en situación de dificultad social, que como consecuencia de su inadaptación al entorno, pueden provocarse daño a sí mismos o a los demás». Por ejemplo, en el centro de Picón de Jarama, de Madrid, se suicidó en diciembre un joven marroquí de 13 años. Poco después también lo intentó otro.

Falta de normas homogéneas

La mayoría de estas instalaciones -el 80% empezó a funcionar después del año 2000-, no parecen responder a una planificación de las Administraciones públicas. Solo tres de los 58 centros están gestionados por la Administración, mientras que los otros 55 están en manos de 41 entidades privadas, lo que supone la falta absoluta de un «sistema homogéneo y coherente» para tratar a los internos, cuyas edades están comprendidas entre los 11 y los 18 años. No hay uniformidad en los criterios disciplinarios, que en unos centros son «muy flexibles, y en otros muy rigurosos», ni en los protocolos de actuación, ni en la normativa. Y la supervisión oficial, recomendada al menos cada seis meses, brilla por su ausencia.

Los datos apuntan además a que la falta de programas de terapia adecuados y de especialistas en psiquiatría infantil, hacen que la recuperación esperada no se produzca, ya que «el número de altas por superación del programa terapéutico es escaso o prácticamente nulo; la mayor parte de los menores son trasladados a otros recursos, o abandonan el centro al cumplir la mayoría de edad», dice el informe.

El documento reconoce en esta investigación el descubrimiento de «una realidad extremadamente dura, dolorosa y compleja, cuyos graves problemas alcanzaban límites inesperados».

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