La representación de la diáspora está cansada de exigir el mismo trato electoral que se da al resto de la ciudadanía, pero advierte de que no cejará en su empeño por restituir un derecho que considera le ha sido robado. Desde que en marzo del 2010 La Voz de Galicia desveló la intención de PSOE y PP de limitar la participación de la emigración en las elecciones, protestas y recursos se han sucedido en el exterior, pero hasta ahora sin éxito. Su exclusión de las municipales desde el año pasado y la exigencia de que rueguen su participación en los comicios autonómicos y generales parecía haber apartado definitivamente a la emigración de las urnas, pero certificado el fracaso de la medida, la emigración vuelve a la carga tras aceptar tanto populares como socialistas llevar a cabo una nueva reforma de la ley electoral para después de las autonómicas gallegas.
«La clase política ya sabía que con sus trabas a la ciudadanía exterior en las elecciones nuestra participación iba a ser casi inexistente, como luego sucedió», se lamenta Francisco Ruiz, presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Comedido en sus valoraciones, Ruiz abandona esa postura a la hora de juzgar la última reforma electoral. «Ha habido maldad democrática en la clase política y ahora vienen con nuevas promesas que no son más que cuentos de la lechera», augura Ruiz. Para él, es descorazonador que el Partido Popular promueva que los vascos que viven fuera de su comunidad puedan votar en sus autonómicas antes de que 1,6 millones de españoles en el extranjero lo vuelvan a hacer en las elecciones locales o al menos no sufran tantos trámites en las demás citas.
Caída en la participación
Antes de la reforma electoral, la media de participación en los comicios generales rondaba el 30 % entre la emigración y el 15 % en las municipales. Tras el cambio de reglas, solo el 10 % del censo exterior participó en la elección de las Cortes, el 7,1 % lo hizo en las andaluzas y solo el 3,3 %, en las votaciones asturianas.
«Eso es un desastre democrático. En lugar de intentar que les vote el mayor número de personas, han conseguido lo contrario», apunta el máximo representante del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
«Creo que hemos retrocedido treinta años y nosotros lo advertimos con nuestros informes, que los padres de la patria no han tenido ni la cortesía de contestarnos», añade Francisco Ruiz.
Algo más esperanzado con la nueva reforma de las condiciones electorales prometida, que podría conllevar la desaparición o simplificación del voto rogado, se muestra José Gabriel Gasó, portavoz de la Plataforma contra la Privación del Derecho de Voto. «Ya no estamos hablando de una ciudadanía desarraigada, sino de la nueva emigración, la que están protagonizando masivamente los jóvenes de entre 20 y 40 años, que se siente completamente integrada en su tierra de origen y su perspectiva fuera es temporal», reflexiona para exigir que la clase política no rompa los lazos con ese nuevo contingente. «La reforma no fue ética, ni política ni democráticamente», añade, para reclamar una rectificación.
Complicados trámites
El debate para llevar a cabo el cambio de la ley electoral debe ser también aprovechado a juicio de Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego de Inmigración, para dar cabida a los inmigrantes, al menos en los comicios locales y autonómicos sin necesidad de acuerdos entre países y complicados trámites. «Nas últimas municipais en Santiago só votaron 24, e 7 en Ames», recuerda para dar cuenta de las dificultades que los foráneos encuentran para votar y su consecuente desmovilización.
«Quen paga impostos ten dereito a esixir e a ser representado», clama Fernández, quien además advierte sobre el creciente sentimiento de criminalización que soporta el inmigrante a causa de los efectos derivados de la crisis económica. «É o momento de favorecer a súa integración», concluye.