Las ciudades que gobernarán las mareas sin mayoría pondrán a prueba la unidad de acción de las fuerzas de la izquierda y la capacidad de los populares para pensar en la recuperación
14 jun 2015 . Actualizado a las 12:39 h.Una parte importante de Galicia entró ayer en la onda de la Economía sin corbata, el libro de reciente aparición en el que Yanis Varufakis, el carismático ministro griego de Finanzas, condensa unas cuantas nociones sobre los mercados, la desigualdad o la deuda, pero también sobre la política que se practica en la Europa atropellada por la crisis. La imagen urbana de ese cambio la plasman tres alcaldes, los de A Coruña, Santiago y Ferrol, que recibieron el bastón de mando debidamente desencorbatados y ahora les toca gobernar, en todos los casos, sin el confort que proporciona la mayoría absoluta que está asegurada de antemano.
Es por ello que las tres ciudades gallegas se convertirán en los laboratorios para ensayar la nueva forma de hacer política, en eso no van a ser diferentes de Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza o Cádiz. Y en todos los casos deberá testarse si la izquierda, más fragmentada que nunca, es capaz de actuar en torno a un programa y unas pautas comunes sin que salten demasiados chispazos, pues de ello va a depender buena parte de su éxito en las reválidas que tienen ante sí a un año vista, con las elecciones generales y las autonómicas gallegas.
Pero junto a la irrupción de los alcaldes desencorbatados, el otro gran cambio operado en Galicia es la acusada pérdida de poder institucional que debe asumir el PP, cedido mayoritariamente al PSOE mediante la política de pactos. Si el 24M pintó un panorama desolador para los populares gallegos, las investiduras del 13J le añadieron aún más dramatismo, pues de los 55 municipios en los que obtuvieron la mayoría relativa, el PP solo logró que su candidato se convirtiera en alcalde en once casos.
El frente anti-PP afloró en toda Galicia. Acuerdos de investidura cocinados entre tres, cuatro e incluso cinco formaciones políticas diferentes acabaron desalojando a los populares de fortines como Cambados, Sanxenxo, Ribadumia, Tui, Ames, Lalín, Sarria, Ortigueira, Cedeira o Verín, y pactos similares le cortaron el paso a alcaldías como las de Noia o Muros, como preludio de lo que ocurrirá dentro de unas semanas con tres de las diputaciones provinciales.
El cambio de actitud
El PP parece haber tomado conciencia de su nueva situación, en la que sus principales mayorías absolutas son las de Arteixo, A Estrada y Marín. Y no aguardó siquiera a que se constituyeran las corporaciones para exhibir el «cambio de políticas e de actitudes» anunciado por Feijoo tras tomar nota de la debacle.
Al presidente de la Xunta y líder del PPdeG ya se le escuchó alguna vez entonar el lema de «sí se puede», muy propio de Podemos y de las mareas ciudadanas, para poner en valor algunas de sus medidas políticas. Y en vísperas de que el color azul popular empezara a diluirse del mapa gallego, Feijoo hizo un gesto similar al que se le vio a Manuela Carmena en Madrid, y se reunió con un banquero. En su caso lo hizo con Juan Carlos Escotet, vicepresidente de Abanca, entidad que controla la mitad del mercado inmobiliario gallego, con el objetivo de impulsar un programa con financiación pública para poner fin a los desahucios.
Fuentes del PP dan por hecho que Feijoo hará gala de una política de corte más radical y mucho más empática con los problemas sociales para achicarle el espacio a las nuevas fuerzas emergentes. Si hasta ahora era el extremeño José Antonio Monago, que gobernaba con el apoyo de IU, al que bautizaron en el PP con el apelativo de «barón rojo», ahora es Feijoo el que hace méritos para que se lo atribuyan.
El PP no dispone de mucho tiempo para corregir el rumbo. Sus posibilidades van a depender de lo que ocurra en los laboratorios de la nueva izquierda. No es fácil que la política de las mareas empaste a la perfección con la practicada, por ejemplo, por el PSOE, cuyos dirigentes fueron objeto de algún escrache por parte de quien ahora empieza a pisar moqueta. La misión de aprobar un presupuesto, decidir el sueldo de un político, puede acabar convirtiéndose en un infierno en un concello sin mayorías. Y para eso el ministro Varufakis no ofrece grandes respuestas.