La nueva ley elevará los umbrales de impago previos a la iniciación del proceso que acaba convirtiéndose en un desahucio
20 nov 2018 . Actualizado a las 21:48 h.El Congreso ha acordado elevar los meses de impago que se requieren para que una entidad pueda ejecutar un contrato de hipoteca (el paso previo a un posible desahucio). Tal y como recoge Europa Press, si el impago se produce en la primera mitad del préstamo serán 12 meses; mientras que si es en la segunda mitad del crédito se exigirán 15 meses de deuda.
Actualmente, el umbral de impago se sitúa en tres cuotas morosas, una medida que el Tribunal de Justicia de la UE ya criticó al determinar que la cantidad sin pagar debía ser bastante más importante para que se pudiese empezar una ejecución de la hipoteca.
El proyecto de ley que remitió el entonces ministro de Economía Luís de Guindos en noviembre del 2017 diferenciaba el vencimiento anticipado de un contrato en función de si el impago de las cuotas se producía en la primera o en la segunda mitad de la duración de un préstamo. Si las cuotas vencidas y no satisfechas se producían en la primera se fijaba que, para ejecutar un contrato, debían suponer el 2 % del capital concedido o el equivalente a 9 meses de impago. El acuerdo del Congreso fija estos límites en el 3 % y 12 meses de impago.
Si esta situación tenía lugar en la segunda mitad de la duración del préstamo, las cuotas vencidas y no satisfechas debían equivaler a 12 meses. La nueva ley establecerá que el impago tendrá que suponer el 7 % o 15 meses.
El acuerdo ha contado con el respaldo de la mayoría de grupos, y únicamente Unidos Podemos ha optado por mantener «viva» su propuesta de establecer este límite en el 10 % del capital concedido.
Se rebajan los intereses de demora
Los grupos han acordado rebajar los intereses de demora planteados en la ley hipotecaria, ya que si en el proyecto se fijaban el triple del interés legal del dinero, ahora se quedan en el interés remuneratorio más tres puntos.
También pretenden establecer el carácter permanente del código de buenas prácticas ya vigente y la eliminación expresa de las cláusulas suelo en una hipoteca. No se han cerrado cambios referidos a un posible código sancionador, como proponía Unidos Podemos, ni a las titulizaciones. En estos cambios de titularidad, el grupo confederal reclamaba que se llevaran al Registro, asumiendo este gasto, para que los consumidores pudieran conocer quién había asumido su hipoteca y por qué coste.