«Hasta ahora, las pensiones no han perdido poder adquisitivo», sostiene la número dos de Economía
19 nov 2017 . Actualizado a las 16:38 h.El 13 de noviembre, Irene Garrido (Madrid, 1960) cumplió un año al frente de la secretaría de Estado de Economía. Visto desde fuera, no parece uno de los cargos más apetecibles del Gobierno. Pero a pesar de las compañías (Eurogrupo, BCE, FMI...) la número dos del ministerio que encabeza Luis de Guindos, expresidenta del ICO, y profesora de la Universidad de Vigo, no ha perdido cercanía. ¿Balance de este primer año? «Apasionante, de mucho compromiso, y de mucho privilegio en poder aportar», dice. Conversar con ella es agradable y pedagógico. Irene Garrido sonríe incluso cuando la materia se vuelve áspera.
-La economía lleva meses creciendo. ¿Por qué los salarios no?
-La evolución salarial en España ha estado muy vinculada a la crisis y al afán de recuperar la competitividad perdida. En este momento de recuperación, los sueldos van a ir normalizándose, pero estamos aún en un contexto de baja productividad y de endeudamiento. Aún no se ha recuperado el nivel de empleo precrisis, y tenemos una tasa de paro del 16,4 %. Es fundamental su reducción para hablar de recuperación salarial. Quiero precisar que ha disminuido el salario medio, pero no a costa de las rentas más bajas, sino de las más altas. El de las bajas ha aumentado un 10 %.
-¿Cuándo se librará España del control de Bruselas por el déficit?
-Estamos haciendo un esfuerzo presupuestario y de ajuste fiscal muy importante. Piense que el déficit en el 2009 era del 11 %, y que el 2016 cerró con un 4,52 %, cumpliendo de sobra el compromiso. Este año, el objetivo es un 3,1 %. Para el 2018, y así se ha enviado a Bruselas, está previsto un 2,2 %, aunque en el proyecto presupuestario figura un 2,3 % por el efecto de la prorroga de los Presupuestos del 2018. No obstante, el ministro de Hacienda ha dicho esta semana que, previsiblemente, acabemos el año con un déficit del 3 %, y entonces saldríamos ya en abril del procedimiento, que se abrió en el 2009.
-Unos han contribuido más que otros a ese objetivo. ¿Galicia va a tener algún premio por cumplir año tras año con el déficit?
-El mayor reconocimiento de Galicia es el estar considerada, en España y en Europa, como una comunidad cumplidora, que genera confianza, que puede hacer inversiones porque tiene acceso a la financiación en condiciones favorables. Eso se refleja en un Gobierno que genera confianza, que genera estabilidad. Alberto Núñez Feijoo está gestionando una comunidad que ofrece confianza, y así lo muestran los gallegos que lo siguen eligiendo, porque es un marchamo de garantía.
-¿Y Galicia no se está quedando atrás en desarrollo a costa de cumplir con esa regla de déficit?
-Yo creo que no, y las variables no lo dicen así. Galicia está creciendo por encima de la media española, y eso no le ocurre a las comunidades que no hacen los esfuerzos de cumplimiento. Galicia duplica el crecimiento de la zona euro, y la tasa de desempleo es casi 2 décimas inferior al resto de España.
«Lo que está previsto en la ley en materia de pensiones es una subida del 0,25 %»
-¿Qué va a hacer el Gobierno para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo con la subida del IPC?
-Las pensiones son y van a seguir un objetivo prioritario. El gasto en pensiones respecto al PIB en el 2007 era del 7 %, y en el 2016 ha sido del 10 %. Desde que se aprobó el factor de revalorización, no han perdido poder adquisitivo porque se han subido un 0,25 % y la inflación ha sido negativa. La previsión es que el año acabe con la inflación en torno al 1 %. Entonces sí que habrá que hablar de esa diferencia, pero hasta ahora las pensiones no han perdido poder adquisitivo.
-¿Podría el Gobierno al menos igualar ese 1 % de subida?
-En este momento no tenemos presupuesto. Y por ese motivo hemos mandado un documento a Bruselas sin cambio en políticas económicas. Lo que está previsto en la ley es una subida del 0,25 %.
-¿Se puede mantener el sistema actual de prestaciones, cuando vemos cotizaciones bajas por el tipo de contratos, y nuevas pensiones más altas?
-Hay que acometer el análisis del futuro poblacional que tenemos, cada vez con más pensionistas y con menos personas en edad de trabajar. Esto se está discutiendo en el marco del Pacto de Toledo, para llegar a consensos y abordar soluciones. De todas formas, tendemos a pensar que el gasto en pensiones está localizado y sujeto a los ingresos de la propia Seguridad Social, pero el Estado responde con todos sus ingresos al pago de las pensiones, y la garantía está ahí.
-¿La reforma de los planes de pensiones que acaban de presentar para captar jóvenes a este producto es porque van a tener prestaciones más bajas?
-No, no, si es eso lo que se está entendiendo lo estamos haciendo mal. Queremos transmitir a los jóvenes es que es un sistema de ahorro fácil y seguro. Se trata de hacerlo más atractivo dentro del abanico de productos de ahorro privado. No está vinculado al sistema público de pensiones.
«La solución que se adoptó en la crisis del Banco Popular fue sin duda la mejor»
-El euríbor va a seguir en mínimos. ¿Llegarán a pagar los bancos por la hipoteca?
-La evolución del euríbor está vinculada a la política del BCE. Estamos en fase de recuperación económica y el BCE está empezando a revisar estas políticas. No es normal que el BCE esté comprando indefinidamente la deuda de los países, y que los tipos de interés se mantengan en el cero. Se irán normalizando, y con ello lo hará también el mercado hipotecario.
-Esa no es una buena noticia para los hipotecados...
-Pero es una buena noticia que se normalicen las condiciones financieras en un contexto de fuerte crecimiento económico y de creación de empleo. Se hará de forma gradual.
-¿Habrá una nueva reforma financiera en España?
-La que se ha aplicado, aparte de que no tiene parangón en nuestro entorno, ha permitido pasar de un sistema financiero incapaz de dar crédito a todo lo contrario. Soy una convencida de que en todo este proceso de recuperación, la reforma financiera ha sido clave. En el 2012, la banca era un foco de desconfianza para inversores internacionales, que también contagiaba al conjunto de la economía. Cinco años después, nadie recela de la salud de los balances de la banca española.
-¿Y no habrá otras sorpresas, como la del Popular?
-Ocurrió en un momento en que, por la situación económica se pudo solventar, aplicando la normativa europea, protegiendo a todos los depositantes, sin costar un euro al Estado español, sin trasladar riesgo al resto del sistema ni afectar la financiación, y abriendo al día siguiente. La solución fue sin duda la mejor.
-¿Se ve ministra de Economía si de Guindos se va?
-En absoluto.
«Cuando se normalice la situación en Cataluña podremos crecer al 3 %»
El impacto del conflicto catalán en la economía es tema obligado. Dice que los empresarios «perciben falta de seguridad, tienen que velar por sus negocios, y tienen que buscar la seguridad jurídica».
-El Gobierno ha revisado a la baja la previsión de crecimiento. ¿Es todo culpa de Cataluña?
-La economía española está en fase de robusto crecimiento. El plan presupuestario enviado a Bruselas se refleja una subida para este año del 3,1 %, y una desaceleración para el año que viene. Del 2,8 se ha dejado en un 2,3 %, que equivale a 5.000 millones, impacto que creemos que puede estar motivado por la situación catalana. Me refiero a situación de incertidumbre, no de independencia, porque no se va a dar. Cuando se normalice la situación, y estoy segura de que se va a normalizar, el crecimiento podría alcanzar en torno al 3 % el año que viene.
-¿Cuánto penaliza la situación catalana a la economía española?
-Lo hemos estimado en medio punto. Pensemos que Cataluña es casi el 20 % del PIB español. Es la más perjudicada en este proceso, pero claro que tiene efectos sobre el conjunto de la economía española.
-¿Se ha logrado reconducir la situación económica tras el 155?
-El 155 es un artículo de la Constitución que se está aplicando de manera excepcional, porque se ha intentado vulnerar el principio de unidad y de soberanía nacional. Se ha atentado contra la Constitución, el Estado de Derecho y el Estatuto de Cataluña. Hemos vivido mucha incertidumbre. Ahora tenemos un horizonte: el 21 de diciembre. Serán unas elecciones libres, legales y con todas las garantías. Pero hasta que no se constituya el Gobierno de la Generalitat, no se dará una normalidad total.
-¿Hay riesgo real de empobrecimiento de Cataluña si persiste el desafío independentista?
-En un hipotético escenario al que se refiere, sí. El 70 % de los bienes que produce Cataluña y que saca fuera no se beneficiaría de las políticas arancelarias de la UE. Tendríamos incluso fronteras físicas. Salida del euro, no poder acceder a las líneas de liquidez del BCE... Se produciría un empobrecimiento, que estimamos en un 30 % del PIB, y una fuga de capitales.