La Xunta prescindirá del concurso público para adjudicar futuros parques eólicos

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

ECONOMÍA

Oscar Vazquez

La nueva ley de implantación empresarial pretende revitalizar el sector de las renovables

29 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La simplificación de los trámites administrativos, la puesta en marcha de medidas que favorezcan el acceso a suelo industrial, las ayudas para limar la fiscalidad y un marco para dar respuesta a las necesidades de diferentes sectores de la economía gallega son algunos de los elementos centrales de la futura ley de implantación empresarial que está ultimando la Xunta para contrarrestar el creciente éxito del norte de Portugal en la localización de empresas e industrias.

Y, en la futura normativa ocupa un lugar destacado el sector eólico. El nuevo texto legislativo, presentado para su tramitación en el Parlamento con la previsión de que se apruebe en octubre, incluye una serie de medidas para reanimar el sector.

En concreto, se propone la eliminación del sistema de concurso público para adjudicar nuevos parques, con lo que la Xunta adaptaría su normativa a la nueva ley estatal del sector eléctrico, del 2013, que no contempla ese tipo de procedimientos. Aunque el concurso actual, resuelto en el 2010, se mantendría, respetando los deberes adquiridos por los promotores. Fue el proceso que emprendió el Ejecutivo de Feijoo para derribar el que había diseñado el bipartito.

Dentro de los objetivos del Gobierno gallego está mantener el canon eólico y que se cumplan los planes industriales que se habían acordado. En aras, asegura la Xunta, de la modernización de los mecanismos de tramitación y de ofrecer la máxima transparencia posible, se creará un registro eólico gallego. Una suerte de censo al que podrán acceder los proyectos que cuenten con todos los permisos previos, como las líneas de evacuación y el estudio de impacto ambiental. Este nuevo sistema, según sostiene la Administración autonómica, ofrecerá certidumbre temporal para garantizar la puesta en marcha de parques: el plazo máximo, tanto para obtener una autorización de construcción como de explotación, será de tres años. Superado ese período, si no ha conseguido el permiso de construcción se revocará el derecho del proyecto a figurar en el registro. O bien se anulará la luz verde a la construcción si no ha logrado la de explotación.

Los plazos

La futura normativa recoge además otro mecanismo para la simplificación y racionalización de la gestión administrativa, como es el procedimiento único integrado. Consiste en la tramitación del proyecto a través de una única autorización, recortando así los plazos. También se incluyen procedimientos exprés cuando se realicen modificaciones no sustanciales: se autorizará de forma automática el proyecto que respete la poligonal del parque eólico, que no varíe la potencia en más de un 10 %, y que tenga aprobado el impacto ambiental.

Por otra parte, la nueva normativa autonómica indica que los proyectos declarados de especial interés tendrán prioridad en la tramitación de expedientes, reduciendo los plazos a la mitad; y se garantizará la sostenibilidad medioambiental: solo será posible instalar nuevos aerogeneradores en la Red Natura 2000 cuando se rebaje, como mínimo, a la mitad el número de máquinas del parque que estén dentro del área protegida (no se trataría de todos los molinos, sino solo de los instalados dentro de este espacio). Estas modificaciones legislativas darían respuesta, según la Xunta, a las necesidades planteadas por los promotores del sector.

500 megavatios en cartera

De hecho, tras las últimas subastas de renovables, que han permitido que Galicia cuente en cartera con más de 500 megavatios para instalar en la comunidad, se abre una oportunidad para que los promotores concreten sus iniciativas industriales, de forma que quede de manifiesto que Galicia ofrece una ventaja con respecto al resto de España en términos de eficiencia energética (horas de viento).

La futura ley recoge también otros cambios para impulsar la economía social (las cooperativas se podrán constituir con solo dos socios). Y el sector forestal, en el que habrá una única ventanilla para conceder los permisos de cortas, en los que antes intervenían varias consellerías, lo que dilataba estos trámites mucho más en el tiempo.