Arias carga contra Ron por acusarlo de destruir pruebas de Gürtel en el Pastor
ECONOMÍA
El exvicepresidente del Popular cree que es una venganza por respaldar su salida
15 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.De «asqueroso chantaje», motivado por la «venganza» por no haber apoyado su continuidad en el banco, calificó ayer el exvicepresidente del Banco Popular, José María Arias Mosquera, la carta que el expresidente, Ángel Ron, envió a su sucesor en la entidad, Emilio Saracho, instándolo a tomar medidas, tras alertarle de que un informe interno acusaba a Arias de haber ordenado destruir pruebas que relacionaban al Pastor con operaciones de la trama Gürtel, antes de su compra por el Popular, en el 2011.
Según publicó ayer Abc, Ron remitió la misiva a Saracho el pasado 21 de marzo. En ella citaba un informe de la responsable de Auditoría y Control del Banco Pastor, Yolanda García Cagiao, en el que esta aseguraba que Arias le dio orden expresa de «destruir cuantos documentos internos de trabajo, ya fueran físicos o en soporte informático, hubiera en su unidad en relación a la operativa de las oficinas de representación, lo que se llevó a efecto por parte del personal de dicha unidad de Auditoría». Así, habrían desaparecido pruebas de movimientos entre las oficinas del banco en A Coruña y Santiago con «origen o destino en Suiza, EE.UU., Uruguay, Bahamas, Liechtenstein y las Antillas Holandesas». Ron pedía a Saracho que le diera al asunto «la importancia que merece».
En declaraciones a La Voz, Arias negó taxativamente todo lo anterior y explicó que el origen está en una transferencia que un empresario próximo a la Gürtel realizó a una cuenta del Pastor, banco que él presidía. Cuando Ron se marchó del Popular le envió a Saracho un informe al respecto, y el nuevo presidente -a petición del propio Arias, que instó a investigar- lo remitió al despacho de abogados Uría Menéndez para saber si había alguna irregularidad de la que preocuparse. La respuesta fue negativa.
Previamente, el 26 de abril del 2016, el secretario del consejo de administración del Popular y responsable de los servicios jurídicos, Francisco Aparicio Valls, le remitió un correo electrónico a Arias para informarle de que había llegado un auto de la Audiencia Nacional notificando que se había requerido al Sepblac (la unidad de prevención de blanqueo de capitales) que se pronunciase sobre si el Pastor había incumplido la normativa. «De momento me parece que no debemos hacer nada, más que estar disponibles para cualquier información o aclaración que nos pidan. Si hay algo claro, es que Pastor contestó puntualmente los requerimientos de Sepblac y envió información», indica.
Valls, cesado el pasado mayo, envió ayer otro correo a Arias reiterándole su apoyo: «Siento que se publiquen estas patrañas fuera de lugar». El expresidente del Pastor considera que Ron se está «vengando» de las tres personas que promovieron su salida del consejo: Reyes Calderón, Antonio del Valle y él mismo.
Colectivos de afectados critican la compensación ofrecida por el Santander
Colectivos de afectados del Popular han acogido con críticas la propuesta del Santander de restituir el dinero perdido a los accionistas, clientes del banco, que fueron a la ampliación del 2016, a través de bonos perpetuos amortizables a partir de los siete años, a voluntad de la entidad y sujetos a una larga lista de requisitos.
Ampopular, la plataforma creada por el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, que agrupa a 12.000 afectados, considera «insuficiente» la fórmula de reintegro planteada. Es excesivamente restrictiva y deja fuera a muchos perjudicados, según Rafael Moreno, según el abogado que dirige la estrategia legal del colectivo, y que también critica que los clientes queden «en manos de la entidad» siete años, antes de poder monetizar los bonos.
En idéntico argumento incide Alberto Ruiz Ojeda, socio del despacho Cremades y Calvo Sotelo y portavoz de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec): «Quizá la opción sea buena para quienes no necesiten liquidez». Sin embargo, la Asociación Gallega de Consumidores y Usuarios (Acouga) alerta de que los bonos son «una trampa», pues bloquean el dinero largo tiempo e introducen inseguridad.