Las ejecuciones hipotecarias crecen en Galicia por vez primera desde abril del 2015

Los cenizas de la crisis económica siguen desprendiendo humo. Y muestran todavía las difíciles circunstancias económicas que atraviesan cientos de hogares. El número de ejecuciones hipotecarias ha crecido en el primer trimestre de este año un 4,7 % respecto al mismo período del año anterior, algo que solo ha sucedido en la comunidad gallega, en Cantabria y en Madrid, mientras que ha bajado en el resto de autonomías. Se trata del primer aumento desde abril del 2015. Más preocupante es la evolución de los desahucios: entre enero y marzo se contabilizaron 684, una cifra muy superior a la del primer trimestre del 2016, cuando se registraron 598, y que muestra un crecimiento en tasa interanual del 14,4  %, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Del total de desahucios, como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria se produjeron 205 (frente a los 181 de 2016), lo que supone un incremento interanual del 13,3 %. Como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se registraron 453, frente a los 399 del periodo anterior, es decir, un 13,5 % más. Los lanzamientos (desahucios)  enmarcados en el apartado de otras causas pasaron de 18 el año pasado a 26 en el primer trimestre de 2017. En el conjunto del Estado los lanzamientos practicados aumentan un 2,2 %. Los datos hechos públicos hoy por el poder público ponen en entredicho las medidas impulsadas en Galicia para poner freno a este drama social, consecuencia directa de una crisis que, debido al paro, condujo irremediablemente a la pobreza a cientos de hogares. La recuperación económica, con tasas positivas de crecimiento en el PIB, tampoco parece que hayan servido para mejorar el poder adquisitivo de los familias con menos recursos, y los distintos niveles de asistencia social alertan de que el usuario medio es ya un trabajador pobre, es decir, cuyas ganancias no le permiten atender cuestiones básicas de su vida, como la alimentación y, sobre todo, la vivienda.

En cambio, la mejoría económica sí tiene reflejo en otros datos difundidos por el TSXG esta mañana. Según el balance estadístico trimestral presentado, continúan descendiendo los concursos presentados en los juzgados de lo mercantil gallegos. Frente a los 89 que se registraron en los tres primeros meses de 2016, se ha pasado a 77, lo que supone una bajada del 13,5 %. Con respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE’s), en Galicia se registraron en el primer trimestre del año 9, frente a los 12 del mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 25 %.  Las 1367 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social entre el 1 de enero y el 31 de marzo pasados suponen un descenso interanual del 4 %, frente al ascenso del 7,9 % registrado de media estatal.  El informe señala asimismo un descenso de los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción. En Galicia se presentaron 6973 en el primer trimestre, frente a los 7231 del año pasado, lo que supone un descenso interanual de 3,6%.  En cambio, sí se produce un aumento en los concursos de las personas naturales no empresarias, que desde la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor el 1 de octubre de 2015 corresponden a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Durante el primer trimestre del año, se presentaron en Galicia 18, frente a los 7 en el mismo periodo del 2016.

 Mientras en la comunidad gallega los desahucios han crecido un 14,4 % en el primero trimestre, en el conjunto del Estado lo han hecho un 2,2 %, tal y como muestra el informe  “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy. Este dato supone el primer incremento interanual en el número de lanzamientos practicados después de siete trimestres consecutivos de descensos. En España, la subida obedece al aumento de lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de arrendamientos urbanos.

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