La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy del año 2012, con su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como padrino, declara que dicha amnistía supone, textualmente, la abdicación del Estado de sus obligaciones: de hacer cumplir con la igualdad y la progresividad en el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.
Un presidente y un ministro que hicieron abdicar al Estado. Claro que en España no se conjuga el verbo dimitir.
Pero, al tiempo que el alto tribunal dice lo anterior, hace saber que no serán revisables los expedientes fiscales acogidos a dicha amnistía y abdicación del Estado, en aplicación del principio de seguridad jurídica. Es decir, que los que en el impuesto de la renta, de sociedades o de renta de no residentes se ahorraron por esa vía tres cuartas partes de lo que tendrían que haber pagado (además de intereses, recargos o sanciones) no van a pagar un céntimo más.
Toda una humillación
De manera que ni los padres de una amnistía fiscal inconstitucional dimitirán ni los beneficiarios tendrán que rascarse el bolsillo. Toda una humillación para los costaleros que estos días estamos cumpliendo con el fisco, y todo un estímulo para los listillos que confíen que siempre contarán con otro Montoro y con esa seguridad jurídica. Desalentador.
Estos días también hemos sabido que los recursos humanos de Hacienda están bajo mínimos para perseguir el fraude. Miel sobre hojuelas. El defraudador toma buena nota, y queda a la espera de incentivos para en su día aflorar lo hoy no declarado.
Para más bochorno, en un alarde de neolengua orwelliano, todo esto, nos explica nuestro Gobierno, se hace para reducir el déficit público y cumplir con los objetivos que nos marca la Comisión Europea. Sin comentarios.