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La Audiencia Nacional ordena el registro de las sedes de Iberdrola tras una denuncia de Anticorrupción

Investigan si la empresa se lucró por alterar el precio de la luz


Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investigan, a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, si Iberdrola se lucró por alterar el precio de la luz en el año 2013, según fuentes de la investigación.

Los investigadores de la UCO se desplazaron este miércoles hasta las sedes de la eléctrica en Bilbao y Madrid para requerir información sobre los hechos tras la denuncia de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional. El juez de la Audiencia Ismael Moreno adoptó la decisión tras admitir una denuncia de Anticorrupción contra Iberdrola Generación por un delito relativo al mercado y a los consumidores.

Iberdrola por su parte ha negado «rotundamente» haber realizado «cualquier manipulación fraudulenta» de los precios en el mercado eléctrico a finales del 2013 a través de las ofertas de sus centrales hidroeléctricas y ha recalcado que, en el período analizado, actuó siempre «como un gestor prudente y razonable».

La vía penal se abre después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multara en el 2015 con 25 millones de euros a Iberdrola por manipular el mercado mayorista de la energía eléctrica en el 2013, lo que se considera una conducta «muy grave».

La sanción a Iberdrola Generación está relacionada con una actuación dirigida a elevar el precio de las ofertas en las centrales hidráulicas del Duero, el Sil y el Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre del 2013, justo antes de que la tarifa eléctrica se disparara.

En las semanas previas a la celebración de la subasta Cesur para fijar los precios de la tarifa eléctrica de último recurso en el primer trimestre de 2014 se registraron fuertes subidas de precios en el mercado mayorista. Estos repuntes provocaron que el precio resultante en la subasta subiera un 26 %, lo que hubiera subido la tarifa un 10 %.

Ante esta situación, la CNMC advirtió de situaciones atípicas, aunque no manipulación, lo que derivó en la suspensión de la subasta y, en última instancia, la sustitución del sistema de tarifa de último recurso por el precio voluntario al pequeño consumidor (pvpc).

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