«Bankia estaba muerta, nadie me lo discutió»

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

BENITO ORDOÑEZ

El inspector autor de los correos que cuestionaban la viabilidad de la entidad se ratifica en la Audiencia Nacional mientras el exgobernador del Banco de España, imputado, se pone de perfil

17 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La jornada de declaraciones más esperada -y clave- en el caso Bankia se cerró ayer en la Audiencia Nacional confirmando la polarización de las versiones sobre la situación real de la entidad cuando salió a bolsa, en julio del 2011. José Antonio Casaus, inspector responsable de la supervisión de Bankia en aquel momento, y al que el juez Fernando Andreu citó por segunda vez a declarar como testigo, ratificó punto por punto lo que ya dijo en septiembre y defendió de nuevo el contenido de sus polémicos correos electrónicos, en los que advertía de la inviabilidad de la entidad, y que han provocado la imputación en el caso de las antiguas cúpulas del Banco de España y de la CNMV.

«Nadie discutía mi diagnóstico de que el grupo [BFA-Bankia] estaba muerto», sentenció ante el juez, insistiendo en que lo recogido en los correos no eran «opiniones» espontáneas en absoluto, sino «reflexiones pensadas, consensuadas [con su equipo] y muy meditadas». Según confirmaron fuentes presentes en su declaración, subrayó que envió los mails porque consideraba que el tema era relevante y la situación muy grave, y que emplear el correo electrónico era más oficial que comunicarlo de palabra.

El inspector se quejó de que «nunca» recibió ninguna respuesta de sus superiores, al tiempo que se defendió de las acusaciones de estos sobre los «errores» de sus conclusiones espetándole a la defensa del Banco de España: «Si creían que eran errores, me lo podían haber dicho hace seis años. Pero nunca recibí respuesta».

Bancos «malo y muy malo»

Los argumentos de Casaus, además, tumban la línea de defensa oficial sostenida desde el supervisor bancario que diferenciaba entre la situación financiera de BFA, la matriz de Bankia y «banco malo» del grupo, y la entidad que salió a bolsa. El inspector sostuvo que ambos tenían problemas. «Bankia es el banco malo y BFA es el banco muy malo», ironizó.

Puso como ejemplo los 16.000 millones de crédito promotor moroso no reconocido (8.000 millones de Caja Madrid y otros 8.000 de las seis cajas restantes fusionadas), añadiendo que «no había un promotor bueno. Estaban todos quebrados».

Frente a la versión de Casaus sobre la cuestionable salud financiera de Bankia y los perjuicios que iba a suponer sacarla al parqué, la visión diametralmente opuesta de los que fueron máximos responsables del Banco de España. Tanto el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez como el exsubgobernador Javier Aríztegui, que precedieron al inspector ante el juez, negaron no solo haber recibido los correos de advertencia, sino también que su catastrofista diagnóstico fuera correcto, pese a que acabara cumpliéndose.

El intento de desacreditar los mails de Casaus comenzó el martes, cuando sus superiores en el Banco de España, Pedro Comín y Pedro González, los tacharon de «opiniones a futuro», «precipitados» y «no lo suficientemente pensados», además de contener «errores». En idénticos términos se refirió ayer a ellos Fernández Ordóñez, que, según explicaron fuentes jurídicas, aseguró que nadie le había enviado a él los correos, porque «no tenía por qué conocerlos».

«Hicieron bien en no enviarlos»

El que fue gobernador del supervisor financiero entre el 2006 y el 2012 añadió que, «además, hicieron bien [en no mandárselos], porque el señor Casaus estaba equivocado». Las mismas fuentes indicaron que, pese a que las previsiones del inspector prácticamente clavaron la cuantía del rescate que precisó Bankia, el exgobernador se enrocó en no considerar acertadas las advertencias, calificándolas de «predicciones», aunque sin argumentarlo. «Se lo podría explicar en una tertulia», le respondió al abogado de la acusación popular, Andrés Herzog, cuando este insistió en preguntarle por qué decía que los correos erraban cuando, «como mucho, se han quedado cortos».

Tanto Fernández Ordóñez como Aríztegui sostuvieron que no fue la situación financiera de Bankia, sino la crisis posterior, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, el deterioro económico general y la recesión, lo que la abocó al rescate. Como el resto de los imputados del Banco de España que les precedieron esta semana en la Audiencia, defendieron la labor del supervisor financiero y el exsubgobernador subrayó que los activos de la entidad estaban correctamente valorados en el momento de salir a cotizar, además de explicar que es a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y no al Banco de España a la que le corresponde el deber de proteger a los inversores.

Fernández Ordóñez negó «presiones políticas» en la salida a bolsa y mostró su «orgullo» por la labor realizada

«¿Cómo iba a hacer yo una gestión en favor de uno de sus supervisados? Ni yo ni nadie más las hizo», respondió Fernández Ordóñez, negando que hubiera habido «presiones políticas» para asegurarse el éxito en la salida a bolsa de Bankia, ya que la preocupación principal era que consiguiera cubrir los 3.000 millones. En la misma línea, Aríztegui respondió que «la única presión política fue la del real decreto», aludiendo a la norma aprobada por el Gobierno de Zapatero en el 2011, siendo Elena Salgado ministra, que exigía unos recursos propios mínimos del 8 % a las entidades que salieran a bolsa frente al 10 % de las que no cotizaran.

Fuentes jurídicas destacaron que, como en otras ocasiones, el exgobernador se mostró «orgulloso» de su labor, como haber ideado los SIP, y presentó el rescate casi como algo «natural». Dado que proviene de familia de ingenieros, puso como ejemplo las pruebas de resistencia, «que no te evitan, por muy bien que hayas hecho un puente, que venga un terremoto y lo derribe».

Defecto de regulación

Fernández Ordóñez también se escudó en que él era «el heredero de un problema anterior», que se había gestado con anterioridad a su mandato y que él tuvo que gestionar. Introdujo, además, un nuevo factor, que definió como «defecto de regulación», ya que, en su opinión, el sistema no estaba preparado de ningún modo para una crisis financiera de tal magnitud.

En la misma línea, Aríztegui insistió en que las decisiones habían tenido el «máximo grado de reflexión» y se habían adoptado pensando en minimizar el coste para el contribuyente y en el uso eficiente de los recursos públicos. El rescate de Bankia superó los 22.000 millones de euros.