Mínimas opciones para los condenados de las «black» en el Tribunal Supremo

j. a. bravo MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

SERGIO BARRENECHEA | Afp

Los recursos contra el fallo tienen pocos visos de prosperar a la vista de otros casos

26 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Prácticamente la totalidad de los 65 condenados por el polémico caso de las tarjetas black tienen previsto recurrir ante el Tribunal Supremo y así se lo comunicarán en la semana entrante a la Audiencia Nacional. Al fin y al cabo, a la mitad de ellos, que han recibido penas de dos o más años de cárcel, no les queda otra para permanecer en libertad, puesto que, de lo contrario, la sentencia dictada el jueves pasado resultaría firme.

Aunque acudan en casación ante la más alta instancia judicial del país, no implica en este caso que cuenten con muchas opciones de ver prosperar sus intenciones. Más bien, al contrario. Esas posibilidades son claramente reducidas, prácticamente mínimas, a la vista de la jurisprudencia que aquella ha venido sentando.

Y es que más allá de ecos mediáticos y connotaciones políticas, en el fondo hablamos de un asunto de apropiación indebida, cometido mediante la utilización para gastos particulares de una tarjeta de crédito de la empresa. Por eso, como decían algunos de los acusados por las black, su conducta sí ha tenido parangón.

Pero de nuevo el problema para ellos es que gran parte de los casos juzgados donde ese tipo de actos se dieron en una empresa al final terminaron con una condena en la vía penal. No con un mero castigo administrativo, como varios de sus abogados defensores plantearon al tribunal sentenciador a principios de mes, al presentar sus conclusiones.

El caso más reciente que resulta similar a las black en términos jurídicos fue juzgado por el Supremo el 20 de mayo del 2016. Entonces confirmó la condena al administrador de una empresa que, «aprovechándose de su condición», usó la tarjeta de la firma para «efectuar gastos en beneficio propio y de carácter particular» por 11.474 euros.

«Aviso a navegantes»

No obstante, el fallo que puede guardar más parecido con el de las polémicas tarjetas de Caja Madrid y Bankia es casi un año y medio anterior, del 29 de diciembre del 2014. Su ponente fue el magistrado Cándido Conde Pumpido, quien también fue fiscal general del Estado casi ocho años. En aquella resolución, según destacan algunos colegas suyos, se plasmó con detalle cuál es la doctrina general del Supremo sobre la apropiación indebida y, por tanto, supone «un claro aviso a navegantes».

En aquella sentencia se afirma expresamente que resulta «acertado calificar» de apropiación indebida el uso para gastos particulares de una tarjeta de crédito que da la empresa. Esto es, justo lo mismo que ha resuelto la Audiencia Nacional para las black. Y es que todos los acusados «les dieron el uso particular que tuvieron por conveniente contra el caudal de Caja Madrid», contribuyendo a su «merma» dentro de «una práctica que dilapidaba el patrimonio gestionado».

Como eso ocurrió durante años, el delito se ha considerado continuado.

De igual forma, en la sentencia del Supremo de finales del 2014 se estimaba que «la distracción hacia el patrimonio privado de los fondos confiados al administrador para gastos de representación se realiza con vocación de permanencia».

El precedente reciente de NCG

El Tribunal Supremo puede tardar algo más de un año en resolver los recursos. Y, en el caso de que terminara confirmando la sentencia, podrían entrar en prisión hasta 33 de los 65 condenados. Hasta hace no mucho, la práctica establecida en los tribunales era no encarcelar a los reos con penas de dos años o inferiores que no tuvieran antecedentes penales. Pero eso ya cambió, sobre todo con un caso que, en parte, puede compararse al de las black: el de las indemnizaciones millonarias que se autoconcedieron cuatro ex altos cargos de Novacaixagalicia.

La Audiencia Nacional les impuso en primera instancia solo dos años de cárcel, condena que luego ratificó el Supremo aunque reprochando a sus colegas que hubieran sido demasiado blandos. La Audiencia tomó nota y a mediados de enero ordenó su ingreso en prisión.

Por eso, aparte de los 19 condenados de las black que normalmente irían a la cárcel si se confirman sus condenas de más de dos años, idéntico camino podrían seguir otros 14 que están justo en esa frontera.