inalmente, tras varios intentos fallidos, el Gobierno ha aprobado el real decreto ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. La pretensión es crear un cauce para solucionar, de forma rápida y gratuita, las controversias entre afectados y bancos, sin necesidad de acudir a los juzgados, evitando la consiguiente avalancha de demandas.
El procedimiento se inicia con la reclamación previa del cliente, cuya procedencia quedará a criterio del banco; en caso positivo, la entidad deberá comunicar al afectado el cálculo desglosado de la cantidad a devolver, y en caso negativo el banco es obligado a comunicar las razones por las que entiende que no procede. Con todo, el plazo máximo para que ambas partes lleguen a un acuerdo es de tres meses.
Durante la sustanciación de tal reclamación las partes vienen impedidas para ejercitar cualquier otro tipo de acción judicial o extrajudicial, de hecho, se establece la suspensión de aquellos procedimientos judiciales iniciados a partir de la entrada en vigor de esta normativa hasta su resolución. Incluso con relación a los procedimientos judiciales anteriores en tramitación se contempla la posibilidad de suspensión.
A pesar de la buena intención, el resultado es mediocre. La regulación adolece de falta de claridad, partiendo de una matizada voluntariedad para los afectados -plantea serias dudas la constitucionalidad de las limitaciones a los afectados para ejercer su derecho fundamental a la tutela efectiva ante los órganos judiciales- y obligatoriedad para los bancos. Los plazos son poco realistas, y su agotamiento pudiera dar lugar a que la sustanciación más allá del 9 de mayo del 2017, origine dudas acerca de si el derecho a reclamar de los afectados ha caducado.
En definitiva, ni las urgencias ni las complacencias son buenas consejeras. El mundo político, atrapado entre las presiones de los afectados y de la banca, corre el riesgo de repetir el fracaso del sistema arbitral de las preferentes, poniendo en pie un procedimiento lento, confuso y costoso que termine convirtiéndose, más que en la ansiada solución, en un grave y complejo problema.