La oposición pide a la Xunta que asuma su responsabilidad y el PP señala al Banco de España
ECONOMÍA
Feijoo recuerda que era una caja intervenida y que la tutela financiera de la comunidad estaba suspendida
18 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El ingreso en prisión de los exdirectivos de Novacaixagalicia y el abogado condenados por el escándalo de las indemnizaciones reabrió ayer las heridas políticas por el proceso de fusión de las cajas gallegas. Lo demostró la reacción del alcalde de Vigo, que sin entrar a valorar el encarcelamiento de la cúpula de Novacaixagalicia trasladó la patata caliente al presidente de la Xunta, al recordando: «Él estaba a favor de la fusión, yo siempre estuve en contra».
Y Núñez Feijoo respondió. Lo hizo desde Madrid, al término de la Conferencia de Presidentes, para trasladar toda la responsabilidad al Banco de España. Argumentó que «en una caja intervenida, la tutela financiera de la comunidad autónoma estaba suspendida» y recordó que hace cuatro años envió una carta al supervisor financiero ?a quien también responsabiliza de la elección de los directivos ahora condenados? para que investigase y «dejase sin efecto» las subidas de retribuciones y el blindaje de los contratos de los directivos. Una misiva que, asegura, no tuvo respuesta.
Pero la oposición no se conforma con esas explicaciones y quiere revisar el relato del proceso de fusión y venta de las cajas. Para Luís Villares, portavoz de En Marea, «ver condenados aos directivos das antigas caixas galegas é un sinal de tranquilidade para a sociedade, pois se miramos 10 ou 15 anos atrás pareceríanos imposible». Pero, ventiladas las responsabilidades penales, anunció que su grupo exigirá una investigación «rigorosa» del proceso de venta de NCG e instó al PP a tomársela en serio, sin vetar comparecencias ni documentos.
Para el portavoz del PSOE, Xoaquín Fernández Leiceaga, el ingreso en prisión de los exdirectivos «é unha sorpresa positiva, porque daba a impresión de que algúns condenados non estaban dispostos a cumprir coas súas obrigas». Su homóloga del BNG, Ana Pontón, hizo hincapié en que «as sentenzas seguen a parecernos benévolas, porque neste país hai persoas que por roubar comida tiveron condena de tres anos».
Aunque en el momento de la fusión no estaba en el cargo, el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ve positivo que la ciudadanía perciba que la Justicia «non sempre carga contra os máis débiles [...], que vexan que se actúa contra xente que causou moito dano a pequenos inversores e aforradores». Pero no lo considera suficiente: «O que resta son responsabilidades políticas de xente que apoiou a estes directivos e compadreou con eles».