Las penas impuestas a los exdirectivos de la caja gallega son las más duras impuestas hasta ahora en España por los desmanes cometidos en la gestión de las cajas de ahorros
17 ene 2017 . Actualizado a las 07:12 h.Aunque el Supremo las calificó de «exiguas», por la gravedad de los delitos por los que se los condenó, las penas impuestas a los exdirectivos de la caja gallega son las más duras impuestas hasta ahora en España por los desmanes cometidos en la gestión de las cajas de ahorros, alguno de los cuales aún dormitan en los tribunales, a la espera de juicio o de sentencia.
Hasta ahora, la Justicia no había sido muy severa con los abusos cometidos en el sector financiero. La primera condena se produjo en mayo del 2014 y fue para cuatro ex altos cargos de Caixa Penedès -encabezados por su director general, Ricard Pagés-, a quienes la Audiencia Nacional impuso penas de entre uno y dos años de cárcel por administración fraudulenta. Su pecado: autoconcederse un pensionazo de 31,6 millones de euros.
La siguiente condena tuvo que esperar casi dos años, porque entre medias la Audiencia absolvió -por dos veces, tras ser reprendida por el Tribunal Supremo al excluir a las acusaciones- a dos ex altos directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) pese a idear un sistema aparentemente irregular de cobro de dietas. Los jueces evitaron entrar a resolver «el acierto» o la posible «ilicitud» de aquellos acuerdos, y se limitaron a descartar que hubiera una responsabilidad penal.
«Trasfondo político»
Fue en febrero del año pasado cuando el magistrado de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia condenó a dos años de prisión al expresidente de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó. Lo novedoso del fallo, derivado del falseamiento de las cuentas de una entidad que el Estado tuvo que avalar con hasta 9.000 millones de euros de las arcas públicas, fue que por vez primera se apuntaba desde la Justicia «un trasfondo político» como causa de hundimiento de una caja de ahorros, y no a criterios exclusivamente bancarios.
Pero el verdadero escándalo llegó con las black de Caja Madrid. Los 65 ex altos cargos de la entidad acusados de cargar más de 12,5 millones de euros de gastos personales a sus tarjetas corporativas, entre ellos pesos pesados como Rodrigo Rato o Miguel Blesa, han desfilado en los últimos meses por el banquillo para tratar de defender la legalidad de sus actuaciones y deslegitimar las pruebas de la acusación. Si lo logran o no, no se sabrá hasta que el tribunal dicte sentencia.
Pero aún hay más casos pendientes de enjuiciar. En los últimos años el FROB ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción medio centenar de operaciones irregulares en las cajas intervenidas, para que estudie su legalidad. El organismo estima que han provocado un quebranto de 3.587 millones. De ellas, una decena corresponden a Caixa Galicia y Caixanova. La mayoría, ruinosos negocios inmobiliarios financiados en plena burbuja, como la macrourbanización de Seseña.