La banca irá a mediación forzosa en las cláusulas suelo, pero podrá no acatarla
ECONOMÍA
El Gobierno desiste del código de buenas prácticas por la presión del sector financiero
06 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Después de dejarlo sobre la mesa en el último Consejo de Ministros, el Gobierno ha desistido de aprobar el código de buenas prácticas para agilizar la devolución de lo cobrado indebidamente por los bancos con las cláusulas suelo. Así lo confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Economía, que explicaron que la fórmula de ese código de adhesión voluntaria «se ha desechado» en favor de un «procedimiento extrajudicial» bautizado como «protocolo de actuación para las cláusulas suelo», con el que regular plazos y garantías para resolver con celeridad las reclamaciones y reducir la litigiosidad. La furibunda oposición de la banca al borrador del código, que en la práctica suponía considerar nulas todas las cláusulas suelo y reintegrar la totalidad del dinero, ha surtido efecto.
Según señalaron diversas fuentes consultadas, el Ejecutivo retoma ahora su idea inicial y en el Consejo de Ministros del día 13 aprobará por decreto -es decir, que será de obligado cumplimiento- que la banca se someta a un procedimiento de mediación por parte de una comisión independiente, aunque no será forzoso acatar su resolución. Es una vía diferente del arbitraje de las preferentes, cuyo dictamen sí era vinculante.
Esta mediación deberá preceder obligatoriamente a cualquier procedimiento judicial para reclamar la devolución del dinero cobrado indebidamente por las cláusulas suelo, en caso de que la entidad no acepte la resolución de esa comisión.
Fuentes conocedoras de la negociación del protocolo -negociación que se reanudará la próxima semana- explican que la comisión arbitral estará integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Banco de España, de los registradores de la propiedad y, a propuesta de Ciudadanos, del Consejo de Consumidores y Usuarios. La banca, por ser parte, está excluida.
El Gobierno pretende recabar todo el apoyo político posible a esta nueva fórmula extrajudicial, que se aprobará por real decreto ley para que entre en vigor inmediatamente, pero que se tramitará como proyecto de ley. Cabe recordar que el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, anunció que su grupo no respaldaría un código de adhesión voluntaria para la banca y reclamó un procedimiento extrajudicial obligatorio, que es lo que ahora ultima el Ejecutivo, en un intento de sumar también el apoyo de los socialistas.
Una fórmula descafeinada
En cualquier caso, la vía extrajudicial de mediación forzosa para evitar la litigiosidad puede quedar muy descafeinada, ya que las entidades que no han sido condenadas y defienden la legalidad, validez y transparencia de sus cláusulas suelo no tienen intención de devolver cantidad alguna, a no ser que sea por obligación de los tribunales, y caso a caso. «No hemos engañado. Las hipotecas con suelo tenían un diferencial menor y así se ofrecían. Era el cliente quien elegía si quería pagar más o menos», insisten.
Asimismo, los bancos con condenas firmes -como Abanca, Popular o BBVA- pelearán por la consideración de cosa juzgada para no abonar más allá de mayo del 2013, de modo que la vía extrajudicial impuesta por el Gobierno no neutraliza el probable aluvión de demandas, aunque fuentes de la negociación subrayan que será difícil que la banca gane en los tribunales en contra de la resolución extrajudicial.
Las entidades llegarán al Supremo para evitar asumir los gastos de las hipotecas
Los bancos comienzan el año agravando la incertidumbre con la que finalizaron el 2016 a cuenta de sus hipotecas. El sector se enfrenta ahora al que puede constituir otro agujero millonario en sus resultados si se extienden las tesis que varios juzgados de primera instancia están resolviendo a favor de que sus clientes perciban una parte de los gastos hipotecarios -los de registro, notaría y otros aranceles- que abonaron al formalizar sus préstamos. El Supremo ya dictó un fallo a finales del 2015, condenando a BBVA y Popular a devolver esos importes por no haber sido objeto de negociación, sino una imposición.
El alto tribunal entendió que hubo «abuso» de su posición, y obligó a las firmas a abonar todos los aranceles, así como el importe del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Y ya han caído las primeras sentencias, algunas de ellas en Galicia. Y los abogados están animando a movilizarse también contra esos gastos. El coste para las entidades se encuentra en una franja que roza los 3.000 millones de euros.
Pero son muchas las dudas que plantea este procedimiento. Porque, al mismo tiempo, existen sentencias que han dado la razón a las entidades. Es por ello que la banca recurrirá esos fallos hasta que el Supremo dicte una doctrina sobre quien ha de asumir esos costes.