Xunta y eléctricas costearán la luz de las familias en riesgo de exclusión social

f. fernández REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Angel Diaz | EFE

Este colectivo tendrá garantizado por ley el suministro de energía aunque no paguen

24 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley que regula el nuevo mecanismo de financiación del bono social e incorpora nuevas medidas de protección a los consumidores más vulnerables, a los que las compañías eléctricas no podrán cortar por ley el suministro aunque no puedan pagar las facturas. Sus recibos, de hecho, serán asumidos por las comunidades autónomas y las compañías eléctricas a través de un nuevo modelo de bono social. Todas estas medidas aún deberán ser concretadas en un reglamento pendiente de desarrollo. Además, solo afectarán a los clientes del mercado regulado (hay en torno a 12 millones), con lo cual quedarán excluidos la mayor parte de los consumidores: en el mercado libre hay ya 13 millones.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, compareció al término del consejo para explicar los acuerdos. La nueva financiación del bono social será de efecto inmediato. Ese descuento fijo del 25 % en la factura del que disfrutan 2,4 millones de consumidores lo asumirán a partir del 1 de enero todas las comercializadoras de energía (hay unas 200). Lo harán en función del número de clientes a los que suministran. A falta de que se den a conocer los porcentajes de reparto, empresas como Gas Natural Fenosa se quedarán casi igual que ahora: asumirá un 15 % del coste total del bono. El presupuesto anual de este servicio ronda los 200 millones.

Nadal aclaró que, de momento, se mantendrán los criterios que se aplican desde el 2009 para determinar quiénes pueden solicitar el bono social. Esto es, familias numerosas o con todos sus miembros en paro, jubilados y clientes con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios en su residencia habitual.

Pero el actual modelo de bono social tiene los días contados. Será sustituido por otro que cambiará radicalmente el modo de conceder el descuento en la factura eléctrica. Nadal aclaró que se distinguirá entre al menos cuatro tipos de consumidores en función de su renta, lo que se tendrá en cuenta para poder disfrutar (o no) de descuentos en la factura, que también serán variables. Pero, además de la economía, también se tendrán en cuenta criterios como si se trata de una familia numerosa o si hay menores o personas con discapacidad a su cargo.

Dentro de ese proceso de clasificación se identificará a un tipo muy específico de clientes: aquellos que el real decreto ley califica como familias vulnerables severas. Nadal adelantó que serán aquellas que están siendo atendidas por los servicios sociales municipales o autonómicos. Es decir, aquellas con muy pocos ingresos, o ninguno.

Serán estos usuarios extremadamente vulnerables los que quedarán blindados por ley ante los cortes de suministro por impago. Requisito esencial para entrar dentro de esta calificación será un certificado de los servicios sociales sobre su situación. El ministro detalló que estos hogares no podrán quedarse sin suministro. De hecho, lo tendrán garantizado por ley. Pero ¿quién asumirá esos recibos? Por un lado, las empresas eléctricas, a través del bono social, al que accederán estos clientes; y, por otro, comunidades autónomas o ayuntamientos. En el caso de Galicia, será la Xunta, que hace un año ya firmó un convenio con todas las comercializadoras de electricidad para impedir precisamente los cortes de luz a los hogares con menos recursos.

El modus operandi de las empresas en los casos de impagos de facturas será el que sigue, detallado por el propio Nadal. La compañía tendrá primero la obligación de informar al cliente de que no ha abonado el recibo.

De dos a cuatro meses

Luego, en un plazo de dos meses -que se ampliará a cuatro en algunos casos, pendientes de concretar- tendrá que enviar el aviso de corte. Mientras tanto, deberá dirigirse a los servicios sociales del ayuntamiento para averiguar si es un cliente vulnerable severo. Y si lo es, tendrá prohibido ejecutar la amenaza de corte.

Pero para que esta medida se ponga en marcha queda un largo camino de tramitaciones por recorrer. Como mínimo, tres meses. El reglamento que detallará este nuevo modelo de bono social deberá superar el plácet del Congreso y recibir informes de la Comisión Europea, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y también del Consejo de Estado, relató Álvaro Nadal.

Gas Natural identifica a casi 20.000 clientes vulnerables

Queda todo por definir. Como el umbral de renta para determinar las diversas categorías de consumidores, así como los diferentes descuentos a los que podrán acceder a través del nuevo bono social. Está pendiente de concretar por tanto cuántos clientes tendrán garantizado por ley el suministro de electricidad. Sin embargo, Gas Natural Fenosa aportó hace unos días un dato al respecto. Gracias a los convenios que mantiene con municipios de toda España para evitar cortes de luz a los hogares más pobres, los servicios sociales municipales han informado a la compañía acerca de 18.178 clientes vulnerables de 1.276 poblaciones en todo el país.

Acuerdos de ese tipo mantienen también las otras grandes eléctricas con ayuntamientos y comunidades autónomas. Las compañías no cortan el suministro a los clientes más vulnerables porque esas Administraciones públicas abonan sus facturas impagadas. Con el nuevo modelo que prepara el Ministerio de Energía, las compañías también estarán obligadas a cofinanciar esos suministros.

Por su parte, el Ministerio de Energía informó de que la factura eléctrica de un consumidor medio ha bajado un 11 % este año, frente al 2015, mientras que la del gas lo ha hecho un 9 %. El ministerio ha decidido congelar en el 2017 los peajes de acceso, que suponen en torno a un 40 % de la factura eléctrica.