El juicio de las tarjetas black que desencadenamos desvelando los correos de Blesa hace ya tres años está a punto de quedar visto para sentencia. Hacer llegar a la opinión pública la existencia de las esas tarjetas marcó un punto de inflexión en el caso Bankia. Desde entonces hemos visto cómo fiscal, FROB y Bankia, que hasta el momento respaldaban a Rato, Blesa y compañía como parte de la defensa de la estafa de salida a bolsa de la entidad, pasaron a darlos por perdidos y a atacarlos como parte de un control de daños para salvarse a sí mismos. Todo el dinero del mundo gastado en abogados no ha servido para zafarse del peso de la evidencia que hemos puesto sobre la mesa. El uso de las black, se elija el tecnicismo que se elija para calificarlo, es indefendible. Y esto ha provocado que Rato y Blesa hayan terminado esgrimiendo unas defensas en las que se acogen a lo que estas últimas semanas parece ser la nueva doctrina jurídica de algunos: los acusados de corrupción son víctimas. Los que luchan contra la corrupción son verdugos.
Mención aparte merece el ambiguo papel del fiscal Anticorrupción, mostrando una imagen dura e incisiva, a la que no nos ha acostumbrado durante una instrucción en la que la oposición sistemática a acciones y pruebas de las acusaciones era la tónica. Imagen que, sin embargo, ha dejado caer en momentos clave, como el que protagonizó al ponerse de parte de todas las defensas, adhiriéndose a un movimiento que pretendía apoyar el argumento de los acusados de la validez legal de las tarjetas y que fue desestimado por el tribunal. Todo esto en el marco de un ataque generalizado por parte del Gobierno y de varios partidos a la posibilidad de que la ciudadanía pueda volver a acusar. Si bien es cierto que la figura de la acusación popular ha sido utilizada por los partidos para hacerse lavados de cara y atacar a rivales políticos, debemos vigilar porque, en la propuesta de ley del ministro de Justicia, se quiere utilizar esto como excusa para eliminar completamente la posibilidad de que la gente de a pie pueda personarse como acusación, dejando este rol solo y únicamente a la Fiscalía cuya labor en muchos casos, como hemos comentado, es más que dudosa. Este es el siguiente frente que se abre y que requiere la vigilancia de toda la ciudadanía. No lo permitiremos. Seguimos.