Tres exconsejeros dicen que eran parte del «sueldo» pero que el gasto debía ser «adecuado»
15 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Cuando el juicio por las polémicas tarjetas black encara ya su recta final -acusaciones y defensas presentarán sus conclusiones finales en la primera semana de diciembre- una de las cosas más evidentes que ha deparado son las contradicciones, tanto entre algunos de los propios acusados como en parte de los testigos. Y la conclusión de todo ello, según fuentes jurídicas, es que se han podido crear dudas de cara a la decisión del tribunal.
De hecho, la intención de los abogados de los 65 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia que desde finales de septiembre se sientan en el banquillo -acusados de un delito de apropiación indebida, y de forma alternativa algunos también de administración desleal, por el despilfarro de 15,5 millones de euros a través de ellas entre 1999 y el 2012- es hacer que esas dudas sean «razonables», lo que impediría que sus patrocinados fueran condenados. Ayer parecieron conseguirlo por momentos, aunque al final volvieron las vacilaciones.
Tres exconsejeros de Caja Madrid, imputados en la fase inicial del caso y ahora testigos de la defensa -se libraron del juicio por prescripción del delito en su caso-, coincidieron en afirmar que los controvertidos plásticos formaban parte de su remuneración habitual. «Al final no podía ser otra cosa más que una retribución; lo sabía todo el mundo», firmó Emilio Navasqües, que es la vez hermano de uno de los acusados.
Preguntado por varias de las defensas, declaró que la dinámica general no cambió tras el relevo en la presidencia de Jaime Terceiro por Miguel Blesa en 1996, pese a lo testificado hace tres semanas por el primero. «Todo siguió igual; no hubo ningún cambio», señaló. Así, por ejemplo, dijo que aunque su tarjeta disponía de clave PIN (para usarla libremente) no llegó a utilizarla.
Y es que, pese a su tesis de que la polémica tarjeta era una parte más de su sueldo -dijo que, al entregársela, le comentaron: «Para tus gastos»-, Ángel Montero, exsecretario general de la caja de ahorros y ya fallecido, le advirtió: «No te pases del límite». En el caso de su excompañero de consejo, Ignacio Varela, tal tope era de 2.500 euros mensuales.
Este testigo, no obstante, intentó matizar tal condicionante a preguntas de las acusaciones: «Me dijeron el límite «porque lo pregunté, no como una imposición». Su respuesta extrañó al letrado de la asociación CIC, que ejerce la acción popular, quien le preguntó si siempre agotaba ese tope. Varela contestó que no y el abogado volvió a la carga: «Entonces, usted realizaba donaciones de parte de su salario a Caja Madrid, ¿no es así?». Varela no supo qué contestar. A preguntas del fiscal reconoció que le dijeron que debía utilizarla «de forma adecuada, con prudencia».