El Supremo exime a las eléctricas de costear un servicio que beneficia a dos millones de clientes
28 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La sentencia del Tribunal Supremo en la que tumba la financiación del bono social eléctrico ha puesto contra las cuerdas al futuro Gobierno, cuyo titular de Industria tendrá que decidir quién paga los 500 millones que ahora se les debe a las grandes compañías; y cómo se sostendrá esta ayuda a partir del fallo del Alto Tribunal. Para no cargar aún más el recibo del consumidor, el Ministerio podría usar parte de los 1.000 millones de superávit que ha generado el sistema.
Existen dudas jurídicas sobre la posibilidad de aplicar esta decisión porque, en principio, la ley prohíbe usar este excedente para otro objetivo que no sea la amortización de la deuda. De hecho, en un caso similar, el Ejecutivo ya indagó esta posibilidad cuando tuvo que asumir el impacto de 157 millones por un laudo entre Gas Natural y Sonatrach.
El presidente de Enerclub, Borja Prado, reconoció ayer que el superávit «se puede utilizar para paliar este tipo de situaciones» excepcionales «ajenas a la factura». Para el responsable de esta organización, que agrupa a las grandes firmas del sector como Endesa, Iberdrola o Gas Natural Fenosa, el recibo «solo debe reflejar lo que cuesta la energía».
Si el Ejecutivo no quiere tocar el superávit eléctrico, tendrá que aplicar sobre la factura el impacto de esos 500 millones que se deben reintegrar a las compañías por todo el dinero sufragado del bono social desde mediados de 2013. Esa solución supondría incrementar, de media, unos 1,6 euros al mes el recibo durante todo un año, si se reparte entre los 26 millones de usuarios.
La tercera opción pasaría por cargar la deuda en los próximos Presupuestos Generales del Estado, una alternativa que, por ahora, parece la más inviable.
Son las tres mismas posibilidades que tiene el Ejecutivo sobre la mesa para que el bono social siga existiendo a partir de ahora. Porque lo que se descarta es suprimirlo, según aclaró ayer el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, quien recordó que la sentencia no cuestiona esta subvención eléctrica, sino su financiación.
Prado sostiene que el actual sistema «está mal hecho y repartido» y apuesta por «que beneficie «realmente a quien lo necesite» y se apliquen criterios de renta.