La idea del Gobierno no resuelve el problema clave del sistema: la falta de ingresos de la Seguridad Social
25 oct 2016 . Actualizado a las 07:21 h.«Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». El mandato de la Constitución es claro. Por ello, adoptar las medidas precisas para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones será una de las medidas principales que tendrá que abordar el próximo Gobierno. En medio del debate sobre el inminente agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la hucha de las pensiones-, la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, avanzó la semana pasada que el Ejecutivo pretende hacer compatible el seguir trabajando con el cobro del 100 % de la pensión. ¿Qué supone esta medida? ¿Para qué sirve? ¿Resuelve el problema del sistema? A continuación se da respuesta a los principales interrogantes:
¿Es una novedad?
La medida, bautizada como «jubilación activa», no es nueva. Desde el año 2013 los trabajadores pueden compatibilizar el seguir trabajando tras alcanzar la edad de jubilación con cobrar el 50 % de la pensión. La intención del Ejecutivo, si como todo indica Rajoy logra la investidura, es potenciarla, ampliándola a la totalidad de la pensión incluso a partir de este próximo mes de enero, según los cálculos avanzados por Báñez.
¿Quién puede acogerse?
Cualquier trabajador, ya sea asalariado o autónomo, e independientemente de si están empleados a tiempo parcial o completo. Deben haber cumplido la edad ordinaria de jubilación (65 años y cuatro meses este año y un mes más el próximo), así como haber cotizado para percibir el 100 % de la pensión. Eso sí, tienen que trabajar en el sector privado, ya que los empleados públicos están excluidos.
¿Qué beneficios supone? ¿Se cobrará más pensión por ello?
El principal beneficio es que quien desee mantenerse en activo más allá de la edad de jubilación podrá hacerlo, sumando a su remuneración la pensión a la que tenga derecho. Aunque el trabajador seguirá cotizando a la Seguridad Social -pero solo por incapacidad temporal y contingencias profesionales, no por contingencias comunes-, esta fórmula no supondrá un incremento en su pensión, a diferencia de la modalidad de jubilación demorada. De hecho, la cotización se denomina de solidaridad, ya que será el sistema el que recibirá ingresos extra.
¿Ha tenido éxito? ¿Quién se ha acogido hasta hoy?
Su resultado ha sido muy limitado, ya que desde su estreno en el 2013 solo se han acogido a esta fórmula de jubilación 30.900 personas, según los datos oficiales de la Seguridad Social. Además, como ayer destacaba el presidente de la Federación de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, su impacto se ha concentrado en este colectivo: 24.720 del total de beneficiarios, es decir, el 85 % del total son autónomos que ya pensaban seguir en activo más allá de los 65 años. Mientras que más del 40 % de los nuevos autónomos pensionistas optan por esta fórmula, solo el 5 % del total del sistema lo hace. Ampliarla al 100 % de la pensión sí facilitará que el número de autónomos que la compatibilicen se multiplique por cinco en los próximos cuatro años y destaca que es «eficaz para combatir y aflorar economía sumergida», ya que hoy hay beneficiarios que realizan actividades sin declarar por miedo a perder su pensión.
¿Resuelve el problema de la Seguridad Social?
No resolverá el principal riesgo que hay ahora, que es la insuficiencia de ingresos para sostener el sistema de pensiones, lo que ha obligado desde el 2012 a echar mano del Fondo de Reserva para abonar las extras de julio y diciembre. El Ejecutivo estima que la Seguridad Social cerrá el año con un déficit del 1,7 % del PIB, en torno a 18.000 millones. El nivel más alto de la historia.
¿Cómo han reaccionado los agentes sociales?
De «precipitada» calificó la medida el presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que se quejó de que no se hubiera consultado antes con los agentes sociales. La patronal considera, además, que «dificultará la inserción laboral de los jóvenes e incentivará el abuso de algunos trabajadores», en referencia a «parte de los directivos con altos sueldos». Los sindicatos coinciden en que la fórmula -que existe en toda Europa- no es la adecuada con la elevada tasa de paro actual, del 20 %. «Tiene sentido cuando el trabajador es insustituible, como el caso de un artista o un científico, pero no cuando el puesto de trabajo se puede cubrir sin problema facilitando el relevo generacional que corresponde. Es una propuesta de trazo grueso que no resuelve el problema de fondo, que es la necesidad financiera de la Seguridad Social. Ahí es donde hay que centrar el debate y avanzar para reforzar el sistema de ingresos», subraya Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social de Comisiones Obreras.
¿Esconde un recorte de pensiones que las haga insuficientes para vivir?
Esa es precisamente otra de las lecturas, ya que las últimas reformas del sistema aún no han desplegado todos sus efectos. Por ejemplo, el factor de sostenibilidad, que reduce la cuantía de la prestación mensual en función del aumento de la esperanza de vida, comenzará a aplicarse en el 2019 y en el 2027 la edad ordinaria de jubilación se ampliará a los 67 años. Todo ello se traducirá en pensiones más bajas. De ahí que la medida pueda responder a esa cuestión: trabajar para completar una pensión a la baja.