El primero en asegurarlo fue el exconsejero José María Buenaventura, quien entró en la entidad a propuesta del Ejecutivo regional como jefe de gabinete del consejero de Hacienda
08 oct 2016 . Actualizado a las 12:03 h.Una vez transcurridas dos semanas del juicio por el despilfarro de las llamadas tarjetas black, las dudas todavía siguen predominando sobre las certezas. El viernes se sumó una más tras la declaración de dos de sus usuarios, quienes coincidieron en afirmar ante el tribunal que el Gobierno madrileño, en época de Esperanza Aguirre, estaba al tanto de dicho sistema.
El primero en asegurarlo fue el exconsejero José María Buenaventura, quien entró en la entidad a propuesta del Ejecutivo regional como jefe de gabinete del consejero de Hacienda. Según él, fue el entonces número dos del departamento, Enrique Ossorio, quien le informó de cuál era la forma de retribución. «Me comentó -le relató al fiscal- que la comunidad tenía un convenio con Caja Madrid y que las remuneraciones eran por asistencia, además de contar con una tarjeta de libre disposición». Desde el entorno del político, ahora portavoz del PP en la asamblea regional, se negó tal extremo, al afirmar que solo se le informó de que se abonaban dietas y que de las black se enteró por la prensa.
En la misma línea, el también exconsejero Rafael Torres dijo que «la primera vez» que le informaron de que tenía una Visa de ese tipo fue en la comunidad. «Los partidos políticos mandaban a la gente [a la caja] diciéndoles que tenían unas dietas y una tarjetita; si luego les hubieran dicho que era solo para gastos de representación habrían entrado en una contradicción». No obstante, cree que a cada uno le contaban una versión algo distinta. «Yo tengo clarinete que a mí me dijeron que era para gastos propios de mi función, pero puedo entender que a otros se les dijera que era de libre disposición», añadió.
Al fin uno asume el gasto
Tardó, pero llegó. Mariano Pérez Claver, ex consejero ejecutivo de Caja Madrid, se convirtió en el primero de los acusados que no ha discutido la validez de los movimientos aportados por Bankia, la principal prueba del juicio, que ha sido discutida por el resto de encausados. Tras defender que era «legítimo gastar en lo que quisiera, porque para eso era mi dinero», dijo no poner objeciones a esa información, que «no deja de ser el tratamiento de unos ficheros».