Colapso en Industria tras exigir a las pymes devolver las ayudas por I+D

Manoli Sío Dopeso
m. sío dopeso REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Angel Diaz | EFE

El ministerio achaca a cientos de pymes las irregularidades detectadas por Bruselas

07 oct 2016 . Actualizado a las 07:26 h.

El Ministerio de Industria, el departamento dedicado a administrar las ayudas del plan Avanza I+D, no ha atendido el teléfono en todo lo que va de semana, los correos tardan días y salen solo respuestas burocráticas y confusas ante la inquietud de las pymes. Todo eso es lo que se están encontrando empresarios gallegos beneficiarios de subvenciones a la investigación y desarrollo a los que, al igual que a centenares del resto de España, el Gobierno reclama la devolución íntegra de aquellas cantidades, con intereses acumulados de hasta cinco años atrás.

Ferrán Moreno, experto en financiación pública para la innovación europea y nacional, asegura que el ministerio está llevando a cabo auditorías masivas -tanto técnicas como económicas- de ayudas a la innovación concedidas desde el 2010. «Es cierto que está todo el mundo colapsado, porque dan muy pocos días para realizar correcciones, y para aportar la documentación. Es un gran problema porque se trata, en muchos casos, de proyectos que pueden haber finalizado hace años, con participantes que pueden estar ya inactivos», explica el consultor, que se muestra crítico con el modo de proceder de la Administración.

Avalancha de alegaciones

«Lo que están haciendo es poco serio, porque están trasladando un problema interno en el ministerio a las empresas y resto de actores. Si hubiesen hecho bien su trabajo en su momento, ahora no haría falta hacer las cosas de esta forma», asegura Ferrán Moreno, que describe así la situación que se ha generado en el departamento que encabeza en funciones el ministro Rafael Catalá: «Toda la cadena de valor está saturada en estos momentos: las empresas tienen que aparcar su día a día para buscar documentación, revivir prototipos olvidados. Los propios auditores no dan abasto, y realizar hasta cinco auditorías diarias deprisa y corriendo».

Industria admite en parte la situación, pero no hay cifras de afectados, aunque se estima elevada. Porque, para alguien que lucha por sacar adelante su empresa toda ayuda es bien recibida, y más si esta llega en plena crisis, como les pasó a los beneficiarios en Galicia y en España de casi 600 millones de euros que repartió el plan Avanza para expandir la sociedad de la información y las habilidades digitales entre pymes y autónomos entre los años 2006 y 2015.

Las ayudas otorgadas en la primera fase (2006-2010) ya son historia, al haber vencido el plazo de reclamación de importes por posibles irregularidades. Pero no ocurre lo mismo con las del Avanza 2 (2010-2015), en el foco de la polémica, porque Industria ha comenzado a reclamar la devolución íntegra del importe recibido a buena parte de los beneficiarios en toda España, con los correspondientes intereses de demora, por incumplimiento de las bases de la convocatoria.

Es una orden de arriba, de la Comisión Europea, después de ordenar una auditoría del reparto de este y de otros programas de ayuda a la innovación. «En ocasiones como esta te alegras de que no te concedan ninguna ayuda», reflexiona Alfonso Salazar, presidente de la Asociación de Emprendedores de Galicia, conocedor de alguno de casos.

Cuatros años para revisar expedientes, pero solo 15 días para presentar alegaciones

Cualquier Administración tiene un plazo de cuatro años para revisar de oficio las subvenciones, explican fuentes del despacho de abogados Legálitas. Aclara que la verificación consiste en comprobar que se han cumplido las condiciones firmadas o detectar cuándo no se cumplen aspectos recogidos en las bases, como por ejemplo, mantener de alta a determinados trabajadores.

Pero ¿qué ocurre si el problema está en una mala interpretación al extrapolar las bases impuestas por Bruselas, como parece que es el caso de Avanza? «Si la Administración revisa de oficio un expediente, y detecta alguna irregularidad, dentro del plazo de los cuatro años que tiene como límite, lo pondrá en conocimiento del interesado, concediendo un plazo de entre 10 y 15 días de alegaciones para justificar, aclarar y documentar lo necesario para acreditar que hay un error y que se han cumplido en todo caso las condiciones para ser beneficiario», dice Legálitas.