El consejero que pidió los contratos y el abogado que los denunció ven cómo la Justicia avala sus primeros pasos
16 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El 1 de diciembre del 2010 en la sede principal en Vigo el primer consejo de administración de la recién creada Novacaixagalicia (el resultado de unir Caixanova y Caixa Galicia) tenía que ser una fiesta, después de todo lo pasado en los meses anteriores. Una fiesta sin orden del día, y donde se presentó de improviso la ratificación de unos contratos de alta dirección de los ejecutivos que estaban llamados a pilotar esa nueva entidad. «Yo no tenía papeles, no había visto nada, y aquello me pilló por sorpresa. Dije que quería conocer esos contratos, y el presidente [Julio Fernández Gayoso, ahora condenado] me miró de una manera...», recuerda José Luis Regueiro. Fue el único consejero -había 22 miembros- que votó en contra de esa ratificación exprés, como consta en la sentencia que ha dado a conocer esta semana el Tribunal Supremo. «Menudo sapo me tuve que tragar entonces».
Hoy las cosas se ven de otra manera. «Hice lo que tenía que hacer, preguntar por unos contratos que desconocía, pero parecía que venía a aguarles la fiesta», cuenta. «Se veía que querían meter aquello de tapadillo, como fuera. Yo venía de una entidad [era consejero ya en Caixa Galicia en representación de CC.OO.] donde había documentos, y aquí lo echaba de menos, me extrañó y lo pedí. Por la cara que pusieron, no parecían acostumbrados a que se cuestionara nada, había muchos que no querían saber».
Todo esto lo contó ante el juez cuando fue llamado a declarar como testigo durante la fase de instrucción del caso. Ahora ve el resultado y le reconforta: «Simplemente cumplí con mi trabajo, poco podía hacer en el consejo porque no era uno de esos miembros intocables».
El suyo fue el primer aldabonazo, pero entonces se quedó en el ámbito privado del consejo. Las indemnizaciones no se conocieron hasta el otoño del 2011, cuando abandonaron la entidad quienes iban a percibir esos millonarios pagos gracias a las mejoras de contratos hechas en vísperas de la fusión. Se trataba de José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes, este último absuelto en el proceso al demostrarse que el suyo no tuvo afán de mejora y oscurantismo.
El hombre que se encargó de llevar el asunto a la esfera pública aquel otoño fue el abogado Pablo Arangüena. Lo hizo en un juzgado de A Coruña ante la más que aparente ilegalidad de aquel pago. Ese paso propició que entrara la Fiscalía Anticorrupción y él se apartara al no poder continuar como acusación particular. Se le dio la opción de seguir por la vía popular, adherido a Adicae, ya personado. «No lo hice, y ahora me arrepiento», cuenta. Porque dice que había tratado de endurecer las condenas. Por eso tiene «una sensación agridulce, aunque les hayan condenado». Está satisfecho por lo que dice el Supremo, pero «profundamente enfadado» con la Fiscalía, por no haber alegado solicitando una ampliación de la pena. «No tiene justificación alguna. Pidieron tres años de cárcel, y luego, cuando la Audiencia Nacional, sin apenas explicarlo, lo deja en dos, no recurren, y no entrarán en prisión. No creo en las conspiraciones, pero...». Porque en su carrera, dice, ha visto casos de cárcel «por cosas infinitamente menores».