Arabia Saudí solo aceptaría un sobrecoste máximo del 10 % en las obras
06 jun 2016 . Actualizado a las 10:24 h.Las obras del AVE a La Meca, el mayor proyecto en que se han embarcado las constructoras españolas en su historia, parece estar siendo una trampa tan arriesgada para sus finanzas como lo es la arena del desierto para el tránsito de los modernos trenes de alta velocidad. Los problemas, en realidad, casi son similares a los que suele sufrir cualquier gran infraestructura durante su construcción, pero en el caso de esta se han multiplicado por su tamaño prácticamente faraónico.
Lo primero fueron los retrasos en los plazos de ejecución, que se sufrieron casi de inicio por las demoras del consorcio chino-árabe encargado de la primera fase del proyecto (la infraestructura básica). Luego llegaron los sobrecostes, claramente mayores de lo que habían podido estimar las adjudicatarias. Y, finalmente, han devenido los retrasos en los pagos periódicos a los contratistas, que algunas fuentes relacionan con los problemas de tesorería que podría estar teniendo el Ejecutivo saudí a raíz de la fuerte caída registrada en el precio del petróleo desde otoño de 2013.
Sobre la lentitud de los trabajos, el ritmo actual es bueno a diferencia de meses anteriores. Hasta el punto incluso de que, según algunas fuentes del consorcio español, del que forman parte tanto empresas públicas (Renfe, ADIF e Ineco) como privadas (OHL, Cobra-ACS, Indra, la gallega Copasa, Abengoa, Siemens y Talgo, entre otras), se ha construido ya el 85 % de los 447 kilómetros que componen la línea ferroviaria de alta velocidad entre Medina y La Meca. También las infraestructuras anexas marchan a buen ritmo. Ahora bien, en una obra de este tipo se requiere un período largo de pruebas y revisar a la perfección todas las medidas de seguridad.
Por eso, tras muchos tira y afloja, las compañías españolas lograron que la Organización Saudí de Ferrocarriles (SRO) les concediera 14 meses más, de modo que la línea no tendría que estar en uso hasta comienzos del 2018.
Pero, queda abierto el frente de los sobre costes. El Gobierno saudí no quiere hablar de ellos o, para ser más exactos, no está dispuesto a negociar con las empresas -no hay previsión escrita de arbitraje alguno- más allá del umbral máximo del 10 % que se mencionó en la firma del contrato por «modificaciones sobrevenidas» (unos 725 millones de euros). A todas luces, insuficiente.