Y los estudiantes pagaron de fianza 2.000 en negro

ECONOMÍA

Maria Pedreda

Después de cerrar un contrato con la inmobiliaria, esta reclama el dinero a los jóvenes en negro; pero tramitar la denuncia de esta práctica ante la ventanilla de Hacienda es como derramar un vaso de agua en el mar y querer buscar las gotas

29 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Esta crónica tiene su comienzo en la visita de cuatro estudiantes a una inmobiliaria, ni muy grande ni demasiado pequeña. Les enseñaron un piso en una ciudad española -como pista les digo que en ella vive el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro- y cerca de su universidad. Al abrir la puerta del inmueble, se encontraron a dos Erasmus franceses que dentro de dos días retornarían a su país. El dueño de la casa, según la representante de la agencia, vive también en el extranjero y para nada quiere hablar con los futuros inquilinos. También les advierte de que del contrato no se movería ni una coma -bien es cierto que, días más tarde, el mediador tuvo que desdecirse- y a partir de ese momento comenzaron las prisas para cerrar el alquiler de un inmueble que podrían ocupar en julio.

El precio se fijaba en 2.000 euros al mes, es decir 500 por cabeza, impuestos incluidos, al igual que los gastos de agua, luz y comunidad.

Ambas partes cerraron el acuerdo y en ese momento la mujer que representaba a la inmobiliaria comienza a reclamar sus 2.000 euros «en cash» o lo que es lo mismo en negro. Los jóvenes -que, todo hay que decirlo, están despertando en este mundo de los negocios tan truculento- le trasladaron la exigencia a los paganinis de los padres. Alguno de ellos expresó su indignación: «¡Eso es una barbaridad! La inmobiliaria se saca de en medio de manera escandalosa». Pero el progenitor pasó por el aro y pagó los 500 que le tocaban. Y 500 euros por cuatro chavales son 2.000 en dinero negro, eso sí, contante y sonante.

A partir de ahí los padres poco podían hacer. Tramitar la denuncia de esta práctica ante la ventanilla de Hacienda es como derramar un vaso de agua en el mar y querer buscar las gotas. El denunciante tiene que obtener pruebas que permitan poner en marcha toda la maquinaria de la Administración. Lo cual es prácticamente imposible. Solo se incluyen en el plan de comprobación aquellas denuncias sobre las que hay datos fiables, citan todo tipo de fuentes y estiman la cuantía del fraude en una cifra importante. Los asuntos que se basan en conjeturas y creencias se van directamente a la papelera, y por 500 euros la Administración no se mueve. Pero puede ocurrir que el fisco decida realizar una pequeña comprobación: vaya entonces a la base de datos del contribuyente y -¡sorpresa!- comprueba que el denunciado no tiene ingresos. Por lo tanto, nada se puede hacer contra él.

El dinero negro en España campa a sus anchas. Por eso es lógico pensar que los funcionarios de Hacienda también se han topado con alguien que les habrá preguntado en el momento de hacer una operación: ¿Con o sin factura? Y se limitarán a contestar porque, en ese momento, al estar fuera de su espacio laboral, su palabra tiene el mismo valor que la del hombre que está proponiendo el fraude de ley. Por lo tanto, en este caso, denunciar tampoco tiene sentido.